Licitación retrasada

Columnas miércoles 15 de enero de 2020 -

Este 16 de enero será un día de definiciones dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conoceremos si su licitación por más de 2 mil 200 vehículos se llevó conforme a la normatividad y no con procesos diferidos y retrasos.

Esta institución se ha destacado por su alta capacidad y confiabilidad en las diversas actividades que le corresponden y ahora en las nuevas responsabilidades que el Presidente les ha conferido, tales como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, hospitales en la Ciudad de México, obras para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mil 350 sucursales del Banco del Bienestar, además del equipamiento de la Guardia Nacional y Policía Militar.

No obstante que la Sedena es considerada una de las instituciones más confiables del país, existen áreas que buscan obtener beneficios aprovechando sus posiciones.

Tal es el caso del área de Planeación Administrativa y Logística que junto con el área de Investigación Estratégica de Mercados (cuya única responsabilidad es buscar a las empresas que cumplan con el perfil de las necesidades de los servicios o productos que se comprarán a través de una licitación o cualquier otro mecanismo contemplado en la ley), se empeñan en bloquear y entorpecer los procedimientos, asumiendo atribuciones que no les corresponden.

Un claro ejemplo es la licitación pública LA-007000999-E704-2019 para el equipamiento de 2 mil 234 camionetas Pick-Up de Roll-Bar, Tumbaburros, Banca y Torretas. Los eventos de dicho proceso han sido diferidos sin ningún argumento técnico.

Estos vehículos forman parte del equipamiento de la Guardia Nacional, que es el proyecto emblema de la 4T, el fallo de esta licitación estaba programado para el día 27 de diciembre de 2019, sin embargo, fue diferido para el próximo jueves 16 de enero de 2020.

La estrategia de diferimiento del fallo obedece a la intención de cancelar el procedimiento y probablemente asignarlo directamente a un proveedor “amigo”, lo cual evidentemente afecta los principios de economía, eficiencia, honradez y transparencia, contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también la Ley de Adquisiciones, llevando a cabo actos irregulares que no son acordes con los principios de honradez y transparencia de la Sedena.