Lo que aprendimos en 2020

La conclusión de cada año invita siempre a la elaboración de recuentos y reflexiones en muchos ámbitos de nuestras vidas. En materia del derecho a saber y de privacidad es también importante detenernos a valorar cuáles son los principales aprendizajes adquiridos en este 2020, particularmente sellado por la tragedia humana que ha significado la pandemia.

En estos meses aprendimos que la transparencia en la función pública es mucho más compleja que el solo hecho de dar a conocer cifras, datos o estadísticas diariamente. Incluso, el acto de informar exige un componente básico de verificación de datos con soporte demostrable en la ciencia y no con criterios subjetivos como los que acarrea el interés político.

Se puede informar todos los días de la evolución cuantitativa de una enfermedad, pero eso no significa en sí mismo ser transparente porque hace falta siempre una verdadera rendición de cuentas, la explicación detrás de las decisiones, justificar la actuación de los servidores públicos con fundamento en la ley.

El manejo de la pandemia también nos puso frente a una necesidad urgente de adoptar los principios del gobierno abierto, pues gracias a esta fórmula emergente de gobernanza es posible explotar el enorme potencial que tiene la participación ciudadana en la identificación de las prioridades, los recursos para atenderlas, la mejor ejecución de las políticas públicas y su evaluación para mejorarlas en el siguiente ciclo administrativo.

El modelo de gobierno en el que se decide qué hacer y cómo desde la verticalidad de un escritorio está agotado y solo revela una visión tan autoritaria como retrógrada. La construcción de la democracia demanda un eje ciudadano transversal en la toma de decisiones, y eso debe incluir al Congreso porque simular consultas púbicas para luego legislar sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos y de los expertos en cada materia no es parlamento abierto, sino demagogia. De eso tuvimos mucho a nivel federal y local este año.

La súbita e improvisada implementación del trabajo y la educación desde casa también nos demostró la importancia de cuidar nuestra privacidad, estar alertas en todo momento de la información que se revela de nosotros a través de las videollamadas. La educación digital es hoy en día una necesidad tanto para niños y adolescentes como para adultos. Todos hemos tenido que aprender cómo cuidar nuestra información personal y de nuestro entorno familiar frente a las pantallas.

El ejercicio de derechos fundamentales como el de acceso a la información pública y la protección de datos personales tienen mucho que aportar a la solución que todos deseamos pronta, porque gracias a ellos se pueden también prevenir, atajar y corregir los perniciosos efectos del SARS-CoV-2 tanto en la salud individual y en el bienestar social como en la economía familiar, local y nacional.

No en vano se le considera al derecho a la información como un derecho “puente”, pues permite a las personas tener los datos oportunos y pertinentes para ejercer otros derechos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad pública y la seguridad social, entre otros.

La propagación del coronavirus seguirá en 2021 y es previsible que aumente debido a las reuniones familiares y de tipo social con motivo de la reciente Navidad y el Fin de Año. El combate al Covid-19 no deberá limitarse a la sana distancia y el lavado de manos, también hay que ejercer nuestros derechos a la información y a la privacidad.