Moneda de cambio

El procedimiento legal que tiene el Ministerio Público para no ejercer acción legal contra un imputado, coincidido jurídicamente como criterio de oportunidad se ha convertido en una moneda de cambio en la Cuarta Transformación para ejecutar sus cobros políticos con un velo de justicia.

Sobran ejemplos, pero los más mediáticos y de reciente operación son el de la actriz Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga a quienes se les busca a nivel mundial desde hace semanas, pero quienes están negociando apegarse al criterio de oportunidad para no ser encarcelados, han revelado funcionarios de la FGR en despachos periodísticos.

La pareja pretende evitar su captura y pretende librar la acusación por delincuencia organizada, aunque también no se descarta que logren una condena baja por los delitos que se le imputan.

De lograrlo tendrán que señalar a más probables responsables que logren ser detenidos y procesados, entre ellos, empresarios y ex funcionarios que defraudaron al fisco mediante empresas factureras.

Desde octubre pasado ambos se convirtieron en prófugos de la justicia mexicana y ya son rastreados en los más 190 países integrantes de Interpol.

Aunque , de acuerdo a lo planteado por especialistas como Porfirio Luna Leyva, el criterio de oportunidad es la facultad que tiene el ministerio público de no ejercitar la acción penal, es decir podrá determinar el no perseguir delitos menores y que no afecten al interés público , y tal criterio surge con la reforma constitucional del 2008, con el objeto de descongestionar las cargas de trabajo del sistema de justicia penal y evitar la saturación de trabajo tanto en las procuradurías como en los tribunales. Y esta figura se lleva acabo antes de llegar con el juez de control.

Ahora bien, definitivamente una mala aplicación del criterio vulneran a la víctima u ofendido del delito cuando no este satisfecha o garantizada la reparación del daño, o se haya aplicado fuera de los supuestos que determina la norma, y su uso discrecional sea a raíz de un mal criterio tomado por el fiscal.

A simple vista, el ejemplo presentado no se trata de un delito menor y afecta indiscutiblemente, el interés público.