Nueva normalidad...de la violencia

Antecedentes pueden nombrarse muchos. Tal vez los más cercanos sean en 2015 cuando el CJNG derribó un helicóptero en Jalisco y realizó diversos bloqueos en la región donde opera, y la fallida de detención de Ovidio Guzmán en 2019. Dichos episodios tuvieron características muy similares a las que se experimentaron la semana pasada. Sin embargo, lo que resalta es que sean cada vez más frecuentes, comunes y que carezcan de una respuesta del Estado.

En los últimos años, los grupos delictivos (como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y ahora los Mexicles), parecen haberle tomado la medida a las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno. Saben que al realizar actos violentos difícilmente van a tener una reacción contundente por parte de la GN o el ejército, mucho menos de las policías locales. Durante lapsos temporales han logrado que impere la ley del más fuerte en ciudades principales del país.

Las declaraciones hechas por el Ejecutivo de minimizar la violencia y la ingobernabilidad son, por decir lo menos, preocupantes. En el informe especial presentado en la conferencia matutina, se trata de una descripción de los hechos de violencia. Nada más. De cómo se abordará el tema de fondo, ni una línea concreta.

Tienen el mismo fondo, las poco afortunadas declaraciones de la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, que envió un mensaje a los criminales en el que pide únicamente amedrentar a quienes “deben las facturas”. Como si fuera opcional para los gobiernos proveer o no seguridad al conjunto de la población. Estas declaraciones más que mandar un mensaje de tranquilidad, generan incertidumbre.

Con este contexto, queda cada vez más evidenciada la necesidad de contar con instituciones de tipo civil para la protección de la población. Los gobiernos locales no cuentan con instituciones sólidas para responder a los hechos de violencia y, por tanto, su última carta es apelar a fuerzas federales. Cuando éstas, por su parte, tienen la instrucción de no jugar un rol activo en el combate a la criminalidad.

También, pensar que el cambio administrativo de la GN hacia SEDENA va a tener una repercusión sustantiva en mejorar las condiciones de violencia e inseguridad, es una falacia, pues de forma operativa, GN está bajo las órdenes de SEDENA cuando menos desde 2019.

Finalmente, sobre la pregunta que se ha planteado insistentemente en medios ¿son actos terroristas? En la acepción más básica del término que consiste en infundir terror en la población, lo descrito en crónicas de diferentes medios parece acoplarse muy bien a esta definición mínima. Sin embargo, si el concepto se complementa con infundir terror para obtener propósitos políticos, tal vez no sea tan clara o notoria la conexión. En México hablar de terrorismo ha sido un tabú por las implicaciones internacional y geopolíticas con Estados Unidos. Es un terreno pantanoso que definitivamente no es deseable pisar.

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00