Por el bien del partido

Columnas lunes 08 de junio de 2026 -

El pasado 3 de junio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta que la conversación pública leyó como escudo para las gubernaturas bajo investigación o como recordatorio de dónde sigue el mando real;aunque a mí me detuvo otra cosa, una frase del segundo párrafo en la que, al denunciar una supuesta injerencia extranjera, el texto eligió como agraviado no al Estado, no al gobierno ni a la presidenta, sino a Morena.

La acusación señala que cierto funcionariado de Estados Unidos estaría tramando, en sus términos: “debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”, y conviene hacer hincapié en lo que ese enunciado da por sentado, que la defensa de la soberanía, bien jurídico que toda la carta invoca, se juega en la suerte de un partido y no del Estado que lo contiene. Esta idea persistente del expresidente que recorre el texto entero, proyecta una concepción, según la cual, el destino de Morena y el del país son una sola y misma cosa.

Esa identificación es constitucionalmente imposible, porque Kelsen enseñó que el Estado es un orden unitario de imputación, irreductible a cualquiera de las fuerzas que compiten en su interior y, por ello, incapaz de confundirse con ninguna sin dejar de ser Estado. Nuestra Constitución recoge esta línea constitucional en su artículo 41, endonde los partidos son entidades de interés público, instrumentos para que la ciudadanía acceda al poder, perojamás propietarios de él, pues el diseño descansa sobre la pluralidad y la alternancia, no sobre la permanencia de una fuerza que se asume como encarnación del pueblo y del Estado.

Bovero lo explica con una imagen kelseniana precisa, según la cual el poder político fluye en dos direcciones, y mientras la democracia es el flujo ascendente, de la base hacia los órganos de decisión, la autocracia es el descendente, del vértice sobre quienes obedecen, de manera que cuando una mayoría electoral se proclama dueña del poder hasta los siguientes comicios y trata a la parte como si fuera el todo, ese flujo se invierte y deriva en lo que él llama pleonocracia, una autocracia de los más disfrazada de democracia, la misma inversión que la carta opera al confundir al partido con la Nación.

La ciencia política comparada ya nombró ese régimen, por ejemplo, Levitsky y Way lo llaman autoritarismo competitivo, esto es, aquel que conserva elecciones reales pero fusiona partido y Estado hasta inclinar la cancha y cuyo rasgo más visible consiste en presentar el ataque al partido gobernante como ataque a la patria; mientras que Bermeo ha mostrado que ese deslizamiento ya no llega por golpes ni fraudes abiertos, sino por actos ordinarios y legales, una reforma, una reserva, una carta, que erosionan la democracia desde dentro sin romperla de golpe.

El problema de fondo no es de soberanía ni de política exterior, sino que las categorías constitucionales existen para limitar al poder y, cuando se doblan para protegerlo, dejan de ser categorías jurídicas y se vuelven instrumentos de facción, en un tránsito interno y silencioso, más peligroso que cualquier solicitud venida del extranjero, de suerte que esta carta, como la reelección de las magistraturas electorales que hace semanas llamé, con Pedro de Vega, fraude a la Constitución, confirma la pauta y suma un eslabón, y la pauta importa más que sus eslabones.

Obiter dicta.

Defender a un partido puede ser legítimo, pero lo que ninguna carta puede lograr, sin delatar al régimen que la firma, es defenderlo creyendo que defiende a México.