Protesta ante la violencia

No pasó mucho tiempo para que aquella indignación fuera compartida con los mexicanos, pues fue expuesto en redes sociales el caso de Giovanni López, un albañil de 30 años que fue asesinado el pasado 4 de mayo a golpes por policías municipales debido a no utilizar cubrebocas. El hermano de la víctima denunció que sometieron y golpearon a Giovanni, para después llevárselo, al día siguiente le fue entregado su cuerpo con evidentes signos de tortura y golpes en la cara y el cuerpo.

Este último caso provocó que estallaran las protestas en el estado de Jalisco, liberando de esta manera la tensión y el hartazgo que sentía la población del Estado mexicano; sin embargo, hay que recordar que la brutalidad policiaca no es algo nuevo en el país, sino más bien una práctica recurrente, esto se confirma con casos como Tlatlaya, Atenco o Acteal, lo más preocupante de esto es que a pesar de la gravedad de los casos en más de 90 por ciento de esto delitos jamás se resuelven.

Ante estas protestas la manera en la que el gobierno de Jalisco ha intentado una conciliación es complicada, pues hay que recalcar que las autoridades han tenido que optar por capacitar a sus policías para enfrentar al crimen organizado, por lo tanto, han recibido una formación muy distante de los derechos humanos, por consiguiente, cuando esta misma policía es enviada a enfrentar a manifestantes utiliza los mismos conocimientos que anteriormente le fueron impartidos.

Es importante mencionar que la responsabilidad sobre la forma en la que son capacitados los policías es del gobierno en turno, por lo tanto, que sucedan casos como el de Giovanni es gracias a que se prefieren invertir en armamento y no en la profesionalización y capacitación con enfoque en los derechos humanos en los cuerpos policiales.

Ahora que los ciudadanos de Jalisco no están dispuestos a seguir callados antes la injusticia y brutalidad ciudadana no hay que olvidar que el caso de Giovanni fue ocultado durante un mes, lo cual nos recuerda que no sabemos con exactitud cuantos más casos nos han sido escondidos.

En vez de haber enviado a seis jóvenes que marchaban en las pasadas protestas al penal de alta seguridad en Puente Grande el gobernador Enrique Alfaro Ramírez debería buscar a los responsables del asesinato de este joven y comenzar con una capacitación a la altura de los hechos a su cuerpo policiaco.