– ¡Qué te metes! –

El Informe Anual incluye información sobre varios países y se presenta al Congreso de forma anual de conformidad con las leyes que establecen la asistencia o colaboración con los países considerados como aliados o estratégicos.

De alguna manera, este Informe Anual también es utilizado como un mecanismo de rendición de cuentas sobre el gasto que autoriza el Congreso para las naciones aliadas a fin de valorar los apoyos a nivel internacional.

Como prácticamente todos los diagnósticos internacionales que evalúan a los Estados extranjeros, este Informe se sustenta con información recabada de forma sistemática a través de embajadas, consulados y funcionarios públicos de los países analizados.

El Informe también toma en cuenta la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales que tienen contacto y experiencias con actividades en derechos humanos, así como con comunidades académicas, líderes de opinión, expertos, juristas, periodistas y activistas. Igualmente, el Informe considera investigaciones que se sustentan con las voces, memorias y experiencias de quienes han denunciado o han sido víctimas.

Concluida esta primera etapa de investigación, el borrador del Informe es elevado a agencias especializadas en derechos humanos, así como a especialistas con experiencia regional, lo que permite una segunda revisión para editar y corregir las deficiencias del primer borrador.

Incluso, y para garantizar un control más riguroso sobre la información, las fuentes, el formato y su estructura estándar, a las nuevas oficinas de especialistas se les exige basarse en sus propias fuentes de información que comparan tanto en testimoniales como en bases de datos; fuentes en seguridad, política, mujeres, infancia, normatividad y en general, sobre los derechos humanos.

El punto de todo este andamiaje de controles es que, se busca un Informe basado en una metodología que permita sustentar métricas que se midan año con año, y que al mismo tiempo sea utilizado para la investigación y la enseñanza, para ejecutar análisis de riesgo para inversiones internacionales y desarrollo de negocios o para brindar asilos políticos.

En este sentido, el pasado 30 de marzo la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentó los Informes nacionales de 2020 sobre prácticas de derechos humanos.

Lo relevante de este Informe para México es que en él se confirma que como país no hemos logrado realizar los cambios sustantivos para disminuir la impunidad en casos de violencia contra la mujer, contra las personas con discapacidad, contra la comunidad LGTB+ y, nada más agrio en este inicio del mes de las niñas y los niños, de la inexistencia de mecanismos eficaces que combatan frontalmente la violencia que se comete contra la infancia.

Entre otras prioridades en derechos humanos – migración, por ejemplo –, el Informe resalta la violencia que se ha recrudecido en términos generales, y demarca la que es vinculada directamente contra los periodistas y defensores de derechos humanos. Pero particularmente, hace una valoración sobre la libertad de expresión, incluida la de la prensa.

En esta sección, el Informe resalta si la libertad de expresión se respeta. Tomando en cuenta las restricciones directas o indirectas, incluyendo la intimidación o la censura; incluso, tomando en cuenta la era digital, “el Informe evalúa la libertad en Internet y discute sobre el monitoreo o las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión en línea, incluida la libertad de buscar, recibir o difundir información, ideas y opiniones”. Donde para variar, se muestra que son las periodistas las que más experimentan el acoso y la violencia de género “online”.

Lamentablemente para nuestro país, este Informe 2020 muestra cómo en México la libertad de expresión se encuentra en crisis con actuaciones tan graves como la de la funcionaria de Notimex, SanJuana Martínez Montemayor, quien, de acuerdo al Informe, ha utilizado su puesto como titular para maniobrar en contra de periodistas promoviendo su censura, intimidación y persecución.

Lo perverso del asunto es que, en lugar de realizar una valoración exhaustiva sobre los elementos que hacen de nuestro país el estado donde más periodistas fueron asesinados durante 2020, donde más se les persigue, especialmente aquellos que cubren temas de delincuencia o critican a funcionarios… el presidente Andrés Manuel opta por voltear a ver hacia aquel país y le espete un: ¡y tú, qué te metes! No cabe duda que “cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante” (Kapuscinski).

Vladimir Juárez. Analista Político. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @Integridad_AC @VJ1204