Reforma electoral: evidencia e inclusión

Columnas martes 19 de agosto de 2025 -

En los “Principios para las reformas electorales democráticas”, de la Red Global para Asegurar la Integridad Electoral, uno relevante es el relativo a la evidencia como presupuesto normativo y contar, además, con una visión de largo plazo para la consecución de una buena reforma electoral democrática.

Dice el texto que idealmente, la reforma electoral debería diseñarse con una visión que trascienda el ciclo electoral inmediato y cree una base sólida y sostenible que mantenga la resiliencia del sistema democrático incluso ante cambios en el poder.

Afirma que una información de alta calidad y bien presentada es fundamental para que un proceso de reforma electoral genere una comprensión compartida de los problemas en juego y las opciones disponibles. Los procesos electorales y las razones por las que se necesitan reformas pueden malinterpretarse fácilmente, lo que a su vez puede llevar a que no se aborden los problemas, a que se introduzcan reformas que no los solucionen o a que actores influyentes tergiversen los problemas y las opciones para obtener beneficios personales.

Por lo tanto, los procesos de reforma electoral deben incorporar aportaciones creíbles de expertos para facilitar un debate basado en la evidencia e informar la toma de decisiones más allá del ciclo electoral inmediato; tener en cuenta fuentes creíbles de evidencia y datos, incluyendo, entre otros, informes y recomendaciones de observación electoral internacional y ciudadana, informes publicados por organismos de gestión electoral, estudios de opinión pública a lo largo de múltiples ciclos electorales (incluidos estudios de opinión que muestren aspiraciones democráticas a largo plazo), auditorías postelectorales, estudios académicos e indicadores internacionales comparativos sobre la calidad electoral; y diseñar una comunicación pública que enfatice la visión a largo plazo de la reforma electoral y que permita que la evidencia se comparta, lea y comprenda.

Sobre el principio de la inclusión, el documento dice que toda reforma debe contar con un proceso consultivo y que las y los consultados deben incluir la representación y la participación informada de mujeres, jóvenes y otros grupos marginados. Afirma que la inclusión ayuda a promover la comprensión de puntos de vista diversos y contrapuestos, y puede generar un entendimiento compartido sobre lo que las reformas deben lograr y cómo.

Señala que por lo tanto, las y los organizadores del proceso de reforma deben facilitar tanto la inclusión amplia y genuina como las aportaciones de expertos y expertas mediante un enfoque gradual, que generalmente comienza con oportunidades para la participación amplia y de base; incluir sustancialmente en el proceso a todos los principales actores políticos y sociales relevantes, incluidos los y las representantes de segmentos clave de la sociedad, y realizar esfuerzos genuinos para incorporar sus aportaciones; y socializar las ideas de reforma entre el público en general para fomentar un debate informado y asegurar su comprensión.

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