Res inter alios acta

El domingo 15 de septiembre de 2024 se publicó en el diario oficial de la federación la reforma constitucional que reforma el poder judicial, y que tanto se ha analizado y escrito de ella. Se aprobó la madrugada del 11 de septiembre y en tan solo cuatro días, la avalaron y aprobaron 24 entidades, para poder ser legal su publicación.

La coordinación del partido oficial y gobernante en los congresos locales no deja de ser impresionante. Como no deja de ser impresionante que aquellos corruptos, conservadores, privilegiados y sinvergüenzas, sean los de mayor utilidad para el oficialismo: nada nuevo.

Existe una suspensión provisional para que no se publicara, consecuencia de una suspensión previa para ni siquiera se discutiera en los congresos locales. Al no alcanzar el 33 por ciento requerido en ninguna de las dos cámaras de parte de la oposición, la posibilidad del recurso de inconstitucionalidad es nulo. Queda el inciso f del numeral dos del artículo 105 de la constitución, donde se lee que los partidos políticos nacionales, mediante sus dirigencias, pueden recurrir a este recurso si la reforma afecta leyes electorales federales. Conoceremos allí la habilidad jurídica de los partidos de oposición.

En el caso de que llegara a la Suprema Corte el recurso de inconstitucionalidad, no dejaría de ser dramático esperar qué postura tomarían los ministros, bajo la amenaza de juicio político, que con lo encarrerados que están los del partido oficial, lo llevarían a cabo sin mucho problema. Es una realidad que hay que saber observar, el hecho de que no se había dado un proceso de reforma constitucional de esta envergadura con las características que se dio, incluyendo el apoyo social de la base del partido gobernante. Ni cuando el PRI mandaba, sus bases se manifestaban de la forma en la que lo hemos visto con esta reforma. En el espectro electoral, no hay quien les haga mella.

Si reformaron el poder judicial, ¿qué no podrán hacer? Esa es la pregunta con respuestas sumamente delicadas. Está claro que la elección próxima pasada, que le dio el triunfo nuevamente al partido morena, no fue por el carisma de la candidata, hoy presidenta electa,sino por la indiscutible adoración y simpatía a el hoy aun presidente.

La política en México se ha vuelto tan ordinariamente electoral que no puedo esperar otra motivación de los partidos que no sea ganar elecciones. El estado del país, en materia educativa, científica, tecnológica, laboral y de salud, son asuntos trágicamente ininteligibles para los partidos y los políticos que ahí se encuentran al mando.

Así que, vaticino que las próximas reformas, a leyes generales y a la constitución misma, serán con una teleología electorera. Pongo un ejemplo natural, según las condiciones actuales: la reforma al artículo 83 de la constitución. En él se lee que quien ocupe la presidencia, ya sea por voto popular, ya sea por interinato, ya sea por sustitución, no podrá en ningún caso volver a ser presidente. El oficialismo con sus mayorías en los parlamentos puede reformarlo para que su máximo baluarte y motor electoral, que hoy es presidente, pueda volver a estar en una boleta electoral como candidato, para nuevamente dirigir el poder ejecutivo, y así volver a jalar el voto en cascada. No es que les quiera dar ideas, estoy seguro ya lo tienen en mente.

Acabamos de presenciar en la historia de nuestro país, una más de las guerras de poder, protagonizadas por los estratos más altos de los círculos políticos. Reformas van y reformas vendrán. México como país y su sociedad no ha recibido una administración, legislación o justicia que le proporcione trabajo, salud, educación y democracia digna, al menos de esa que se vive en los países de primer mundo. Es decir, de los pactos de poder, contratos de impunidad y bautismos partidistas que otorgan moralidad, los terceros, que somos la sociedad mexicana, no nos impacta en positivo.