Seguridad Privada

Columnas miércoles 14 de julio de 2021 -

Desde hace al menos tres lustros, las autoridades locales y federales han tratado de regularizar la operación de la seguridad privada en el país, por momento lo logran y en la mayoría del tiempo, estas empresas ofrecen sus servicios sin control de calidad y mucho menos registro de su personal.

Actualmente, más del 56% de las empresas de seguridad privada en México trabajan en la clandestinidad, señaló Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Sapién Santos resaltó la aprobación de la reforma de carácter constitucional que permite al Congreso de la Unión expedir una ley general en materia de seguridad privada. “Es un gran paso para lograr una ley que dicte el marco regulatorio a las empresas de seguridad privada, pues anteriormente el Poder Legislativo carecía de facultades para hacerlo”.

Esto conlleva a que a finales del mes de agosto se pueda relevar cuántas empresas a nivel nacional pudieron tener su registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el fin de regular a las empresas del sector a nivel nacional. Esto quiere decir que las empresas registradas están inscritas ante el SAT, ante los gobiernos municipales, estatales y federales, así como a las circunstancias patronales como el IMSS para poder ofrecer a sus empleados las prestaciones de ley y ofrecerle seguridad a cada elemento para poder trabajar de manera adecuada.

Un 38% se le deja de pagar impuestos al gobierno y dejan de percibir alrededor de 13 millones de pesos por medio de empresas que no están debidamente registradas, que se encuentran en la clandestinidad. Esto conlleva a que no se capacitan y pueden convertirse en vez de guardianes de tus bienes en cómplices con la delincuencia organizada al aliarse y formar parte de los asaltos.

Sapién Santos consideró que una vez que se apruebe el proyecto de ley federal de seguridad privada podrá existir un registro único de empresas para que se conozca cuáles firmas están autorizadas, los elementos de seguridad autorizados y los insumos –radios de comunicación y armas–, así como un censo de las empresas a las que prestan servicios.

Y sobre todo, separar las empresas privadas con las policías auxiliares de cada estado, porque llegan a confundirse y dan mal aspecto a la industria de la seguridad privada, donde a veces en ellas hay corrupción como lo es el CUSAEM que hace poco tuvo un percance y fueron confundidos con seguridad privada que no lo es.

Un gran reto, pero las investigaciones y registro deberían abordar también a los titulares de estas empresas, donde en muchos casos, son policías y mandos de carrera, que fueron dados de baja y tienen antecedentes.