Título: Paradoja del Senado

Prácticamente por unanimidad se aprobó en el Senado el dictamen sobre la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 101 votos a favor y solo dos abstenciones.

Nombre kilométrico. En pocas palabras es la opción para que la gente resuelva procesos civiles, de justicia familiar y mercantiles en instancias conciliatorias, por la vía del diálogo, el acuerdo, el consenso.

Un mecanismo similar le haría falta a senadores y senadoras. Instructivo o norma que les diga cómo se pueden arreglar por las buenas, superar posiciones encontradas y radicales, para elegir servidores públicos, porque hasta la fecha tienen pendiente someter a votación más de cien nombramientos.

Ninguno legislador se quedó sin reconocer y elogiar el trabajo de sus compañeros Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, y Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Hasta los y las más exigentes aplaudieron.

Sorprendente la cordialidad en la tribuna, las cortesías, expresiones de afecto, para la ministra en retiro Sánchez Cordero, a la que todos respetan. Lo mismo para el senador Espino de la Peña, del estado de Chihuahua, quien, mesurado y cortés, sin aspavientos ni estridencias, se entiende y acuerda con las distintas bancadas. Convence, no impone.

¿Y si invitan a Olga y Rafael para que participen en negociaciones de nombramientos pendientes o para que elaboren una guía, norma o ley, como quieran llamarle, para remontar diferencias entre coordinadores de los distintos grupos parlamentarios?

No es justo que quienes aspiran a cargo público (cumplan los requisitos que exige la ley y sean declarados idóneos) vean atorado su nombramiento por intereses partidistas, cuando lo que debe importar es que se aprovechen sus cualidades en beneficio del país.

Es un desperdicio que se les tenga en espera, en la incertidumbre. Falta de respeto, imperdonable.

Si pueden ponerse de acuerdo para que la gente cuente con una ley que la ayude a resolver sus conflictos en instancias extrajudiciales, senadores y senadoras también deberían poder hacer el camino para resolver sus diferencias y desahogar los pendientes.

Nadie en su sano juicio argumentaría que al mantener desocupadas más de 100 plazas, el gobierno ahorra dinero. Eso no es ningún ahorro, porque se afecta la operación de las instituciones, con sobrecarga de trabajo y rezago en atención a quienes realizan diversos trámites.

Es la paradoja del Senado, porque consigue por unanimidad sacar una ley que aligera los pleitos civiles, familiares y mercantiles de la población y no encuentra la forma de resolver sus propias diferencias en cuanto a 140 nombramientos, más los que se acumulen en el receso legislativo.

Olga y Rafael han puesto el ejemplo en el caso de la citada ley. Ellos mismos se han encargado, a nivel de comisiones, de dictaminar y aprobar la idoneidad de otros aspirantes a ocupar espacios en tribunales regionales y locales.

Falta el acuerdo final para la votación en el pleno, donde una vez más se atoró el nombramiento de comisionados del INAI, a pesar de que la autoridad judicial dio de plazo hasta el 15 de diciembre para aprobarlos.

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