Traición a la constitución

Decir que la voluntad del pueblo se encuentra por encima de la legalidad vigente, autoriza a los supuestos detentadores a realizar cualquier cosa que disque beneficie al pueblo que ellos representan.

Hablar de “pueblo”, resulta bastante ambiguo, pues realmente es imposible delimitar lo que por esto entendamos: si es la mayoría de la población; si son los ciudadanos -que no son todos los habitantes de un territorio-; si son las élites; los pobres; la clientela política; los acarreados, o todos juntos…, complicando aún más la posibilidad de determinar qué cosa es en la que piensen, o el objetivo que persigan.

Cuando en las sociedades surgen entidades excéntricas que se asumen como los únicos y autorizados intérpretes de la supuesta “voluntad”, implica la completa negación de cualquier manifestación expresiva que no sea coincidente.

Dos son los principales retos hacia el atributo interpretativo: las instituciones y la sociedad civil.

La primera, representada en la constitución, delimita jurisdicciones, dice qué sí y qué no hacer, así como responsabiliza al funcionario de las irresponsables exclamaciones o acciones. La segunda, no solamente impone otro límite desde la acción civil, sino que contesta cara a cara a los dichos del demagogo arrebatándole la primacía interpretativa de la voluntad social, que resulta ser más plural y compleja de lo que el elegido quisiera.

Embestidas cotidianas a todo lo que no simpatice, forma parte de la garantía de la legitimidad. Cuando el objetivo es destruir el sistema constitucional vigente, nada mejor que convocar a los partidarios, atribuyéndose la potestad unívoca de la verdad”.