Transformar sin retroceder: el valor del Plan B

Columnas viernes 20 de marzo de 2026 -

En México vivimos un momento decisivo para la consolidación de nuestra vida democrática. Las transformaciones que hoy se impulsan en materia electoral, conocidas como el “Plan B”, representan una oportunidad histórica para hacer más eficiente, accesible y justo el sistema que garantiza la voluntad popular.

Durante años, la ciudadanía ha expresado una demanda legítima: contar con instituciones que funcionen bien, pero que también sean austeras, cercanas y responsables en el uso de los recursos públicos. No se trata de debilitar a la democracia, sino de fortalecerla desde una visión moderna, donde el exceso burocrático deje de ser una carga para el pueblo.

El Plan B responde precisamente a esa exigencia social. Propone ajustes que buscan optimizar la operación del sistema electoral sin comprometer sus principios fundamentales. Es una reforma que pone en el centro a las y los ciudadanos, eliminando privilegios y reorientando el gasto hacia donde realmente importa: el bienestar de la gente.

Respaldar este proyecto es también reconocer el liderazgo de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado una visión clara de transformación basada en la honestidad, la eficiencia y la cercanía con el pueblo. Su compromiso con la democracia no es retórico; se refleja en acciones concretas que buscan consolidar un país más justo y equitativo.

Durante mucho tiempo, el sistema electoral mexicano fue sinónimo de desconfianza. Costó décadas construir instituciones sólidas que garantizaran elecciones libres. Hoy, ese avance no está en riesgo; por el contrario, se fortalece al hacerlo más transparente y menos costoso.

La democracia no debe ser un privilegio caro, sino un derecho accesible para todas y todos.

Quienes critican el Plan B suelen argumentar que podría afectar la capacidad operativa de las autoridades electorales. Sin embargo, es importante dejar claro que la eficiencia no está peleada con la certeza. Modernizar procesos, reducir estructuras innecesarias y hacer un uso más inteligente de los recursos no debilita al sistema; lo hace más ágil y sostenible.

Además, esta reforma abre la puerta a una discusión más amplia sobre el papel de las instituciones en una democracia contemporánea. La ciudadanía ya no acepta estructuras lejanas ni costosas. Hoy exige resultados, transparencia y congruencia. El Plan B se alinea con esa nueva realidad.

Como diputada federal, tengo la convicción de que nuestro deber es escuchar al pueblo y traducir sus demandas en acciones concretas. No podemos ser omisos ante la necesidad de transformar aquello que ya no responde a las expectativas sociales. Gobernar también implica tener el valor de cambiar.

Es momento de dejar atrás los privilegios y apostar por un modelo más justo. La austeridad no es un discurso vacío; es una forma de gobernar con responsabilidad. Cada peso que se ahorra en estructuras innecesarias puede destinarse a programas sociales, educación, salud o seguridad. Esa es la verdadera dimensión de esta reforma.

México está avanzando hacia una nueva etapa donde la democracia no solo se mide por la existencia de instituciones, sino por su capacidad de servir al pueblo. El Plan B es parte de ese proceso de evolución, donde se busca consolidar un sistema más eficiente, sin perder de vista los principios que lo sostienen.

Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que es posible transformar sin destruir, mejorar sin retroceder y avanzar sin perder el rumbo. Apostar por esta reforma es confiar en la capacidad de nuestro país para renovarse y responder a los desafíos del presente.

La historia de México ha sido una historia de lucha por la democracia. Hoy, esa lucha continúa, pero con un nuevo objetivo: perfeccionarla. El Plan B no es el final del camino, sino un paso firme hacia una democracia más cercana, más justa y verdaderamente al servicio del pueblo.

Porque transformar también es cuidar lo que hemos construido, pero con la valentía de hacerlo mejor.

María Rosete