El sistema electoral mexicano fue diseñado para garantizar la pluralidad política, permitir la representación de distintas expresiones ideológicas y establecer mecanismos que obligaran a las fuerzas políticas a negociar las decisiones más importantes del país. Durante décadas, la ausencia de mayorías calificadas en el Congreso favoreció la construcción de acuerdos y permitió que la oposición desempeñara un papel relevante en el equilibrio de poderes. Sin embargo, esa dinámica comenzó a transformarse con el ascenso de Morena y el desplazamiento de los partidos tradicionales.
Uno de los aspectos más significativos de este proceso ha sido el progresivo desvanecimiento de la oposición. Los partidos que durante años protagonizaron la competencia electoral parecen haber perdido la capacidad de construir una alternativa atractiva frente al oficialismo.
En este escenario, el caso del Partido Acción Nacional resulta particularmente ilustrativo. Ante la dificultad de recuperar espacios electorales, el PAN ha comenzado a colocar sobre la mesa una serie de propuestas agrupadas bajo el nombre de “111 soluciones por México”. Entre sus planteamientos destacan la reducción del IVA del 16 al 10 por ciento, la disminución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a las gasolinas para establecer un precio máximo de 20 pesos por litro, así como la exención del impuesto sobre la renta al aguinaldo y a las personas con ingresos inferiores a 12 mil pesos mensuales.
A estas propuestas de carácter económico se suman otras relacionadas con la seguridad pública, como el establecimiento de cadena perpetua para políticos vinculados con el crimen organizado. Aunque se trata de iniciativas que buscan responder a problemas concretos, su viabilidad económica, jurídica e institucional requiere una explicación mucho más profunda, especialmente si el objetivo es trascender el impacto mediático y construir una alternativa creíble de gobierno.
La situación del Partido Revolucionario Institucional resulta todavía más complicada. Bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, el PRI ha privilegiado una estrategia de confrontación permanente con el oficialismo, que incluye denuncias públicas sobre presuntos vínculos de actores políticos con el crimen organizado y llamados a instancias estadounidenses para investigar esos señalamientos, una estrategia que ah tenido poco eco en el electorado.
A las limitaciones de esta estrategia se suma la concentración de las decisiones partidistas alrededor de su dirigente nacional, cuya permanencia al frente del PRI ha profundizado los cuestionamientos sobre la renovación de sus liderazgos y la democracia interna. Tampoco la insistencia en construir alianzas electorales con otras fuerzas opositoras parece suficiente para revertir su debilitamiento.
Frente al desgaste de los partidos tradicionales, Movimiento Ciudadano representa un caso distinto y, al mismo tiempo, contradictorio. A diferencia del PAN y del PRI, ha conseguido posicionarse como una opción para sectores que buscan participar en política sin identificarse con los partidos tradicionales ni incorporarse al oficialismo. Su estrategia de competir con una identidad propia, incorporar nuevos liderazgos y ampliar su presencia territorial le ha permitido adquirir relevancia en entidades como Nuevo León, Campeche, Zacatecas y Michoacán.
No obstante, ese crecimiento territorial contrasta con las dificultades que enfrenta en algunos de sus principales espacios de gobierno. En Jalisco, uno de los bastiones del movimiento y territorio fundamental para su consolidación nacional, el partido atraviesa una crisis de credibilidad derivada de los cuestionamientos por el manejo de la crisis del agua en la capital del estado.
Los desafíos de Movimiento Ciudadano no se reducen a los resultados de sus gobiernos,también se extienden a la congruencia de sus posiciones políticas frente al oficialismo. Mientras busca presentarse como una alternativa frente a Morena, ha acompañado algunas de sus reformas más polémicas. Un ejemplo es su respaldo a medidas de reducción del gasto incluidas en la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha abierto interrogantes sobre los límites de su independencia política y las coincidencias que mantiene con el partido gobernante.
Esta ambigüedad se hace todavía más evidente al comparar sus posiciones nacionales con las decisiones adoptadas en el ámbito local. Al justificar su respaldo a la reforma, Jorge Álvarez Máynez sostuvo que existían privilegios para legisladores, funcionarios electorales e integrantes de los cabildos. Sin embargo, en Jalisco, el partido decidió votar en contra de lo aprobado en el Congreso, bajo el argumento de que atentaban contra el federalismo.
Estos casos muestran que la crisis de la oposición mexicana no responde únicamente a la fortaleza electoral de Morena, sino también a la incapacidad de sus adversarios para construir proyectos políticos consistentes y generar confianza entre la ciudadanía. Por ello, el principal desafío rumbo a las elecciones de 2027 no consiste solamente en recuperar votos, obtener candidaturas o construir alianzas para impedir nuevas victorias del oficialismo, sino en ofrecer una alternativa que resulte creíble.
Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC