¿Qué democracia es posible cuando participar en ella implica arriesgar la vida?

La democracia mexicana, a pesar de los avances constitucionales y normativos que en teoría garantizan la pluralidad, la representación y la participación de todas las personas, se ve profundamente amenazada por un fenómeno que la carcome desde dentro: la violencia política y electoral. No me refiero sólo a las campañas de desprestigio o a la difamación en redes sociales. Hablo de asesinatos, atentados, amenazas y agresiones sistemáticas que se ensañan con quienes deciden participar en la vida pública del país. Personas candidatas, funcionarias, periodistas y activistas han sido víctimas de un clima hostil que mina las bases más elementales de la vida democrática.

Como mujer que ha hecho del derecho electoral su vocación, y como abogada que cree profundamente en la democracia como un sistema vivo que se nutre de la participación, no puedo dejar de preguntarme: ¿qué clase de democracia estamos construyendo si involucrarse en ella representa un riesgo vital?

En contextos locales, sobre todo en regiones marcadas por la presencia del crimen organizado, postularse a un cargo de elección popular se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Investigaciones han evidenciado una preocupante correlación entre violencia criminal y disminución en el número y calidad de las candidaturas. ¿Quién se atreverá a competir cuando lo que está en juego no es sólo una elección, sino la propia vida?

A esto se suma una violencia que es menos visible pero igual de corrosiva: la violencia política contra las mujeres. Nosotras, que históricamente fuimos excluidas de los espacios de decisión, que conquistamos con esfuerzo el derecho a votar, a ser electas y a gobernar, ahora enfrentamos una resistencia silenciosa, disfrazada de omisiones, de desdén y de violencia simbólica e institucional.

Y lo digo con conocimiento de causa: las mujeres en el servicio público siempre nos entregamos. No sólo nos preparamos, no sólo estudiamos, también cuidamos, organizamos, sostenemos estructuras. Y, sin embargo, seguimos teniendo que demostrar una y otra vez que merecemos estar en esos espacios. Ahora, además, tenemos que cuidarnos de que no nos maten por ejercerlos.

La violencia política, electoral y de género no es un tema aislado. Tiene implicaciones gravísimas para la calidad de la democracia. Daña la competencia, inhibe la participación, reduce la pluralidad y distorsiona el sentido mismo de la representación. ¿Cómo hablar de elecciones libres cuando hay territorios donde nadie quiere competir por miedo? ¿Cómo hablar de justicia electoral si no se garantiza, primero, el derecho a la vida?

No podemos seguir normalizando esta violencia como parte del paisaje político. Necesitamos instituciones que no sólo reaccionen, sino que prevengan. Necesitamos leyes que se apliquen con firmeza, sin excepciones ni simulaciones. Y necesitamos una ciudadanía que no se acostumbre a vivir con miedo.

Porque la democracia no se agota en las urnas: se construye todos los días, con la voz y el cuerpo de quienes deciden participar. Y mientras hacerlo implique arriesgarlo todo, no podremos decir que en México vivimos una democracia plena.

Andrea Gutiérrez