Por Claudia Bolaños
Luego del decreto que clasificó al Tren Maya como un “asunto de seguridad nacional”, Andrés Manuel López Obrador hizo saber que ahora la administración legal del proyecto recae en la Presidencia de la República o en la Secretaría de Gobernación (SG).
El presidente informó que se entregará este decreto al titular al juez que lo requirió, para que se avance la resolución de los amparos otorgados a grupos que se oponen al proyecto.
"Creo que la Presidencia de la República o la SG, pero hay que verlo. Es un asunto de seguridad nacional, fue lo que hicimos en el aeropuerto y el juez tiene que resolver lo que está pendiente, que es otro asunto y ya lleva mucho tiempo", dijo.
Mencionó que el titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez –tiene vínculos con el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.
El mandatario mencionó que el ex presidente del Máximo Tribunal “ ahora es el asesor jurídico de Claudio X. González. Tenemos que batallar con eso, pero ahí vamos avanzando”.
Y dicho empresario es quién financia “a estos grupos de la llamada sociedad civil” que se oponen a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.
Y sobre el financiamiento de organismos externos a grupos opositores, añadió que eso “es una violación flagrante a nuestra soberanía, una actitud injerencista eso no se puede permitir”.
Con ello, se busca frenar al tren Maya pese a qué cuenta con la anuencia de los lugares por donde pasará, ya sean propiedades de ejidatarios o pequeños o mayores empresarios, dijo
Foto: Cuartoscuro