Amapola
Columnas lunes 04 de marzo de 2019 - 03:20
Esta semana pasada concluyó un foro convocado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República: “Regulación de la amapola. Retos y perspectivas” Con esta acción, el Congreso retoma el debate en torno a la despenalización del cultivo de la amapola para la utilización médica y científica de los productos derivados. Amapola es el nombre con el que México conoce a la adormidera, la planta cuya denominación técnica es papaver somniferum, de la que se obtiene el opio, la morfina, la heroína.
Según calcula la ONU, más de 30 mil hectáreas cultivables del país se han empleado para sembrarla y se afirma que sólo en Guerrero cerca de cien mil campesinos laboran en su producción ilegal.
México se ha tardado, sin duda, en debatir el tema: La penalización del cultivo de la amapola afecta directamente a campesinos y pobladores de los estados de Sinaloa, Durango (el triángulo dorado), Guerrero, Chihuahua y Nayarit, e indirectamente a todo el país por la violencia aparejada al mercado negro de la goma de opio.
“Por opio se entiende el jugo coagulado de la adormidera” Así define la Convención única sobre estupefacientes, adoptada en 1961 por la ONU, que viene a ser, junto con la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988, la norma internacional rectora en el tema.
Pues resulta que ambas Convenciones no prohíben el cultivo de la amapola o adormidera ni la producción de opio. Al contrario: Lo posibilitan, siempre y cuando no se rebasen las dimensiones del mercado. Transcribo el artículo 21 bis de la Convención del 61:
“La producción de opio de cualquier país o territorio se organizará y fiscalizará de tal modo que se asegure que, en la medida de lo posible, la cantidad producida en un año cualquiera no exceda de las previsiones de la cantidad de opio que se ha de producir, establecida de conformidad con el apartado f del párrafo I del artículo 19”.
Y el artículo 19 habla de las medidas que atiende la junta internacional de fiscalización de estupefacientes con el objeto de restringir “el cultivo, la producción y el uso de estupefacientes a la cantidad necesaria para fines médicos y científicos y asegurar su disponibilidad para tales fines”.
Pese a todo, México optó por prohibir y penalizar la producción de amapola-adormidera con los resultados de muerte y violencia, de sobra conocidos. Podemos generar morfina para el IMSS, ISSSTE, etc., y la seguimos comprando a laboratorios extranjeros.
El sistema de salud no se da abasto. Siete de cada diez mexicanos mueren con dolor. Por sólo citar un dato: “durante 2012, de las 78 mil 79 muertes registradas por cáncer, 69 mil 975 pacientes (el 89 por ciento) sufrieron dolor de moderado a severo, lo que supone que no tuvieron acceso a la morfina”.
Se dice que si México produce opio desequilibrará al mercado. El reclamo proviene de los laboratorios extranjeros. Habría que señalarles que se trata de consumo interno. ¿No es tiempo, pues, de terminar con esta prohibición absurda?