La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Unidad de Anticorrupción, abrió una investigación tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido recientemente, con el objetivo de determinar si existieron omisiones por parte de proveedores y funcionarios responsables del proyecto. El incidente ha generado preocupación por la seguridad de la infraestructura ferroviaria y por la transparencia en la gestión de recursos públicos.
De acuerdo con información oficial, la indagatoria busca establecer si hubo negligencia en el cumplimiento de contratos de mantenimiento, supervisión técnica o en la operación de los equipos involucrados. La SFP señaló que se revisarán los procesos de adquisición y las responsabilidades de las empresas proveedoras, así como la actuación de servidores públicos vinculados al proyecto.
El accidente del Tren Interoceánico, que forma parte de uno de los proyectos estratégicos del gobierno federal para conectar el Golfo de México con el Pacífico, ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y control en obras de gran escala. La investigación también pretende identificar posibles actos de corrupción que pudieran haber afectado la seguridad del sistema ferroviario.
La Unidad de Anticorrupción adelantó que se solicitarán informes técnicos y administrativos a las dependencias involucradas, además de entrevistas con personal operativo y directivo. En caso de confirmarse irregularidades, se podrían aplicar sanciones administrativas y penales tanto a funcionarios como a empresas contratistas.