La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 17 personas servidoras públicas de 11 instituciones del Gobierno de México fueron sancionadas por cometer faltas administrativas, entre ellas solicitar sobornos, utilizar de manera fraudulenta una cédula profesional y realizar retiros de efectivo sin autorización de los titulares de las cuentas.
La dependencia detalló que algunas de las sanciones correspondieron a faltas graves y fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mientras que las consideradas no graves fueron determinadas por la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Entre los casos señalados se encuentran dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Edgar M. y Erick D., quienes fueron inhabilitados durante cuatro años luego de que, en 2023, durante la revisión de un servicio eléctrico, detectaran una falla en un medidor y solicitaran 70 mil pesos al usuario en lugar de imponer la multa correspondiente.
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José S. fue multado con 180 mil pesos e inhabilitado por 10 años debido a que entre 2019 y 2021 se hizo pasar como licenciado en Nutrición utilizando una cédula profesional que no le pertenecía.
Otro de los casos corresponde a Alejandro R., trabajador del Banco del Bienestar en Xochitepec, Morelos, quien fue inhabilitado por dos años y sancionado con una multa de 13 mil pesos por realizar, entre 2019 y 2022, al menos 15 retiros en efectivo de cuatro cuentas distintas sin el consentimiento de sus titulares.
En la Secretaría de Salud, María N., adscrita al Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, fue inhabilitada durante tres meses por intervenir en 2020 en la contratación de tres de sus sobrinos. De acuerdo con la dependencia, la funcionaria firmó las propuestas de ingreso y los contratos, además de quedar como jefa directa de dos de ellos.
Las sanciones por faltas no graves también alcanzaron a personas servidoras públicas de Petróleos Mexicanos, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Entre las conductas que motivaron estas medidas se encuentran el otorgamiento y registro incorrecto de una incapacidad médica, la omisión de informar al área de recursos humanos sobre las inasistencias de un trabajador y la falta de verificación de los requisitos establecidos para participantes en una licitación pública destinada a impartir cursos de capacitación.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las medidas fueron determinadas conforme a la legislación vigente y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas.
Asimismo, precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y que, en caso de que recurran a este mecanismo, la dependencia defenderá las determinaciones emitidas.