El Congreso del estado de Chiapas impulsa una iniciativa para tipificar y sancionar con penas de entre 8 y 15 años de prisión la cohabitación forzada entre menores de 18 años, una práctica que autoridades califican como un grave problema social que lesiona los derechos de niñas y adolescentes y está vinculada con embarazos adolescentes y uniones informales obligadas en algunas comunidades.
La reforma, que se someterá al pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, busca prohibir y castigar penalmente a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor para que conviva de manera informal y constante con otra persona en una relación equiparable al matrimonio. Además de la pena de prisión, se propone la imposición de multas de mil a 2 500 días de salario mínimo, con aumentos en casos donde la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas.
Autoridades locales han señalado que esta iniciativa responde a los altos índices de embarazos tempranos y uniones forzadas, especialmente en zonas indígenas donde estos actos a menudo son tolerados bajo el argumento de usos y costumbres. El impulso definitivo para la propuesta surgió tras el caso de una niña tzotzil de 13 años que presentó un embarazo de alto riesgo, lo que evidenció la urgencia de contar con un marco legal específico para proteger a la niñez.
La diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, indicó que después del análisis en Comisiones Unidas, la iniciativa será discutida y votada por el pleno legislativo, con el objetivo de erradicar las uniones informales obligadas y garantizar la protección integral de los derechos de las menores de edad.