El gobierno de Ecuador anunció la eliminación del subsidio al diésel, el cual representaba un gasto anual estimado en 1,100 millones de dólares para las finanzas públicas, fondos que ahora serán reasignados a iniciativas con impacto social y productivo.
La medida fue presentada como parte de una estrategia para optimizar recursos del Estado, dado que el beneficio del subsidio no llegaba de manera equitativa a quienes más lo necesitaban.
Autoridades explicaron que estos recursos liberados serán destinados a programas orientados al desarrollo comunitario, fortalecimiento productivo y apoyo a sectores vulnerables del país.
El cambio forma parte de una tendencia en la política económica de Ecuador hacia una mayor eficiencia del gasto público, y se produce en un contexto en que los subsidios energéticos han sido objeto de debate por su alto costo para el presupuesto nacional.