La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, señaló que México se encuentra en un momento clave ante la relocalización de cadenas de suministro, conocida como nearshoring, al considerarla no solo una tendencia económica global, sino una oportunidad histórica para posicionar al país como eje industrial en Norteamérica.
Durante su participación en tribuna, destacó la necesidad de consolidar un marco jurídico robusto que favorezca el crecimiento económico y brinde certidumbre a las inversiones. “Necesitamos instrumentos a la altura de los tiempos; un mecanismo que dote de certeza jurídica a las inversiones y que actúe como un catalizador de confianza”, expresó al respaldar la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.
La propuesta legislativa fue aprobada en lo general con 359 votos a favor, 80 en contra y ninguna abstención, reflejando un amplio respaldo en el Congreso. Esta legislación actualiza herramientas jurídicas existentes y redefine la infraestructura como una política de Estado, enfocada tanto en el crecimiento económico como en la reducción de desigualdades y el bienestar social.
En este marco, Jiménez Godoy explicó que la ley permitirá fortalecer la colaboración entre los sectores público, privado y social bajo un esquema de corresponsabilidad, como lo ha promovido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de que el desarrollo impacte directamente en la calidad de vida de la población.
Asimismo, subrayó que esta normativa representa un avance significativo para concretar el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, al establecer una visión de largo plazo con reglas claras, sostenibilidad ambiental, equilibrio regional y justicia social.
“Hoy México avanza hacia un nuevo horizonte de bienestar. Ese futuro se construye con visión, planeación y participación de todos los sectores”, afirmó. En ese sentido, agregó que la infraestructura debe concebirse como un instrumento que garantice derechos y promueva un desarrollo incluyente.
La legisladora también resaltó que el país ha evolucionado hacia la creación de ecosistemas de desarrollo regional integral, dejando atrás el enfoque limitado a la obra pública. Señaló que zonas como Azcapotzalco representan un ejemplo de esta transformación, debido a su vocación industrial, logística y de conectividad.
En su calidad de secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que durante 2025 trabajó junto a un equipo multidisciplinario en el diseño de una iniciativa enfocada en fomentar inversiones mixtas con sentido social, buscando impulsar el crecimiento económico sin descuidar el bienestar comunitario y el equilibrio regional.
De igual forma, reconoció la labor del diputado Armando Albores Gleason, presidente de la Comisión de Infraestructura, y del diputado Antonio Altamirano Carol, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Destacó que la ley —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— se construyó mediante un ejercicio de parlamento abierto que integró opiniones de inversionistas, académicos, especialistas y legisladores, fortaleciendo su alcance y legitimidad.
Finalmente, puntualizó que esta transformación implica modernizar corredores industriales, mejorar servicios urbanos y promover inversiones con impacto comunitario, con el propósito de que el crecimiento económico se refleje de manera tangible en las familias trabajadoras y consolide un modelo de desarrollo con justicia social y bienestar compartido.