Por Federico Reyes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló una resolución de 2019 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que determinó reservar los nombres y cargos del personal la Fiscalía General de la República (FGR).
Con el recurso de revisión administrativa 9481/19, el Pleno de Suprema Corte anuló la resolución del INAI, que eliminaba la reserva de los nombres y cargos específicos de los agentes del Ministerio Público Federal, la Policía Federal Ministerial o peritos.
Al respecto, Javier Laynez Potisek ministro de la SCJN señaló que la medida afectaría a la seguridad pública y exponer las acciones despliegue y reacción de la FGR.
Destacó que el revelar información de la FGR, que aparentemente es aislada, podría generar que sea recopilada y procesada para analizar las capacidades de la FGR.
“La metodología consiste en recopilar información dispersa, después unirla con la finalidad de descubrir una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación, en este caso, para dificultar las actividades de procuración de justicia o peor aún, para llevar a cabo actos de contra inteligencia para combatir los actos de seguridad pública a cargo de la Fiscalía General de la República“, señaló el ministro ante el pleno del máximo tribunal.
El INAI obligaría a la publicación de datos sensibles como los nombres y cargos de servidores públicos que laboran en investigaciones y persecución de delitos, según la SCJN.
Estos datos darían “con el nombre de persona se puede acceder a información relativa a los siguientes tipos de datos: identificativos, académicos, electrónicos, patrimoniales, referentes e, inclusive, a familiares de los servicios públicos; pero, sobre todo, la organización o la estructura organizacional de la fiscalía“.
“Revelar nombre y cargo de los ministerios públicos, representa revelar la capacidad del Estado, la capacidad de fuerza del 73% de los ministerios públicos. Revelar los cargos del personal operativo sustantivo implica entregar todo los datos concentrados de nueve mil noventa y cuatro servidores públicos encargados de la investigación y persecución de los delitos federales”, añadió el ministro.
Finalmente, el ministro Javier Laynez Potisek propuso en su proyecto publicar únicamente la información del personal administrativo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Sin embargo, el pleno determinó dejar todos los datos protegidos.
Imagen: Cuartoscuro