El pleno del Senado de la República aprobó en lo general —con 85 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones— el dictamen para expedir la Ley General de Aguas, que reforma la vigente Ley de Aguas Nacionales.
La iniciativa modifica las reglas sobre concesiones y uso del agua: entre sus principales cambios, elimina la posibilidad de que los derechos de agua sean vendidos, transferidos o destinados a usos distintos a los autorizados originalmente —buscando frenar la mercantilización del recurso. Además, plantea que, si una propiedad ligada a una concesión se transmite, los derechos de agua pueden mantenerse con el nuevo propietario.
El debate fue intenso. Diputados y senadores de la oposición —principalmente de los partidos Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) — advirtieron que la reforma podría concentrar el control del agua en el Estado, afectar la autonomía de pequeños productores e impulsar un uso industrial del recurso en detrimento del campo. Por su parte, senadores del bloque mayoritario defendieron que la ley busca asegurar un acceso equitativo y sustentable al agua, protegiendo el consumo humano y regulando el uso de los recursos hídricos.
Con esta aprobación en lo general, la ley pasa ahora a su análisis en lo particular: cada artículo será revisado y podrán presentarse reservas o cambios antes de su eventual aprobación definitiva y envío al Ejecutivo Federal.