Los senadores estadounidenses John Cornyn (republicano por Texas) y Jacky Rosen (demócrata por Nevada) presentaron el 14 de mayo la iniciativa bipartidista Stop Fueling Cartel Violence Act, que busca frenar el robo y contrabando de hidrocarburos atribuido a organizaciones criminales en México. El proyecto fue dado a conocer este miércoles y plantea que el Departamento de Defensa entregue al Congreso, en un plazo máximo de 180 días tras su eventual promulgación, un informe detallado sobre las acciones emprendidas para combatir este delito.
La propuesta establece que el tráfico ilícito de combustibles debe ser considerado un componente prioritario dentro de la estrategia de combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. En el documento, los legisladores señalan que cárteles como el Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Golfo y Noreste han desarrollado operaciones a gran escala para robar, desviar y contrabandear petróleo crudo, gasolina y productos refinados de Pemex.
El proyecto advierte que estas redes recurren a sobornos de empleados de la empresa estatal, perforaciones clandestinas en ductos, asaltos a refinerías y secuestro de camiones cisterna. Pemex estimó que en 2024 fueron robados 987 millones de litros de combustible, casi tres veces más que en 2019.
De acuerdo con datos del Departamento del Tesoro de EE.UU., el mercado ilícito de combustibles ha provocado pérdidas de miles de millones de dólares al gobierno mexicano. Análisis independientes calculan que el contrabando y la evasión fiscal privan al país de aproximadamente 24 millones de dólares diarios en ingresos potenciales.
La iniciativa también menciona el llamado “huachicol fiscal”, que involucra evasión de impuestos mediante contrabando de crudo robado hacia Estados Unidos, etiquetado falsamente como aceite de desecho o materiales peligrosos.
El documento retoma acciones previas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, como las sanciones de septiembre de 2024 contra 26 entidades y nueve ciudadanos mexicanos vinculados al CJNG, y las de mayo de 2025 contra tres personas y dos empresas relacionadas con tráfico de fentanilo y robo de combustible.
La propuesta bipartidista busca reforzar la cooperación internacional y el intercambio de información para debilitar las estructuras criminales que combinan narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos.