La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por unanimidad que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) debe asegurar la instalación y operación de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales antes del inicio del proceso electoral local de 2026.
El decreto 655/2023, publicado en el Diario Oficial del Estado, prevé la creación de este órgano desconcentrado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (OPLE) para brindar servicios gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad y grupos históricamente discriminados. Sin embargo, hasta ahora la Defensoría no ha sido materialmente implementada.
Un grupo de ciudadanos impugnó la falta de cumplimiento, señalando que el TEEY dio por cumplida la sentencia con simples gestiones administrativas y presupuestarias, lo que los dejó en estado de indefensión. La Sala Superior coincidió en que la Defensoría debe estar formalmente instalada y en funcionamiento, no solo en trámite.
A propuesta de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el tribunal destacó que el caso debía juzgarse con perspectiva intercultural, ya que los promoventes pertenecen a la comunidad indígena maya. El pleno revocó la resolución del TEEY y vinculó al órgano local para garantizar que la Defensoría esté operando en un plazo razonable antes de que inicie el proceso electoral de 2026.