Derecho de las personas indígenas

Sin embargo, la mayoría vive en comunidades marginadas, que la pandemia de Covid-19 afectó de manera desproporcionada, según asentó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

Han surgido conflictos a partir de la interpretación de los “sistemas normativos” de autogobierno de las comunidades indígenas. El marco jurídico de usos y costumbres hace que esté presente las prácticas tradicionales para resolver sus disputas, elegir funcionarios locales o recaudar impuestos.

“Las comunidades y organizaciones de la sociedad civil criticaron al gobierno federal por no consultar adecuadamente a las comunidades indígenas al tomar decisiones sobre la industria extractiva y los proyectos de desarrollo de recursos naturales en tierras indígenas”.

La misma organización señaló que las mujeres indígenas se encontraban entre los grupos más vulnerables de la sociedad. “A menudo experimentaron racismo y discriminación y con frecuencia fueron víctimas de violencia. En general, tienen un acceso limitado a los servicios de salud y educación”.

Durante la pandemia de Covid-19, las personas indígenas enfrentaron dificultades para acceder a los servicios educativos. Debido a la baja penetración de Internet y la propiedad de televisión en las comunidades indígenas, el aprendizaje a distancia a menudo era inaccesible.

“Además, algunos estudiantes indígenas no recibieron los desayunos y almuerzos que normalmente se incluyen en el programa de alimentación escolar de tiempo completo, según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)”.

Por si fuera poco, diversas comunidades indígenas denunciaron el plan del gobierno para construir el Tren Maya, un ferrocarril dual de carga y pasajeros estimado en $7.5 mil millones de dólares para cruzar la península de Yucatán a través de tierras indígenas.

“Varias comunidades indígenas iniciaron acciones legales para oponerse a la construcción, muchas de las cuales fueron desestimadas o denegadas. Al igual que en 2020, las ONG en Campeche y Yucatán presentaron múltiples medidas cautelares contra el proyecto citando la falta de transparencia con respecto a las evaluaciones de impacto ambiental y los efectos adversos sobre el patrimonio cultural indígena”.

Miembros de comunidades de origen maya en Campeche denunciaron que el Consejo Nacional de Turismo los presionó para que dejaran de protestar y accedieran a abandonar sus tierras. La junta identificó 3286 viviendas en cinco estados para su reubicación antes de la finalización del proyecto de construcción.

De esta forma, se conoce como el embajador Ken Salazar ubica este tema tan delicado en nuestro país, a fin de garantizar la debida aplicación de Declaración Universal de los Derechos Humanos en la zona vecina del sur de su país.

Punto Cero

La plataforma de pagos empresariales Tribal y la tecnológica financiera recientemente adquirida por Mastercard, Arcus, anunciaron una alianza para solventar necesidades de pago en el sector empresarial de México, mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico).

Enhorabuena.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz