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Acusan presunta red de extorsión ligada a clausuras de obras en la CDMX
Nación
Claudia Bolaños
Trabajadores de la construcción, empresarios y vecinos denunciaron una presunta red de extorsión relacionada con clausuras y suspensiones de obras inmobiliarias en distintas zonas de la Ciudad de México, principalmente en colonias de alta plusvalía de las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc.
De acuerdo con las acusaciones difundidas por afectados, Arturo Aparicio Velázquez, quien se presenta como defensor vecinal y representante de colectivos ciudadanos en colonias como Xoco, Roma y Escandón, presuntamente encabeza un esquema de amparos y denuncias contra desarrollos inmobiliarios para presionar acuerdos económicos con constructoras.
Trabajadores de la construcción afirmaron que las suspensiones de obras han provocado pérdida de empleos y afectaciones económicas para decenas de familias. Juan Vicente García aseguró que en distintos proyectos donde ha laborado “el mismo nombre aparece detrás de las denuncias y clausuras”, mientras que otros obreros señalaron que las acciones legales terminan dejando sin sustento a quienes trabajan en las obras.
Las denuncias también alcanzan a vecinos de Xoco y Roma Norte, quienes señalaron presuntas irregularidades en el manejo de recursos y el uso de movimientos vecinales con fines políticos y económicos. Según los testimonios, algunas personas ajenas a las colonias habrían participado en movilizaciones relacionadas con desarrollos inmobiliarios.
Asimismo, los denunciantes acusaron posibles vínculos con integrantes del Poder Judicial. Señalaron que José Alfonso Aparicio Velázquez, identificado como hermano del activista, trabaja como secretario auxiliar de acuerdos en una ponencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que —aseguran— podría representar un conflicto de interés o tráfico de influencias.
Ante esta situación, trabajadores afectados entregaron una carta a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para solicitar una investigación sobre las presuntas irregularidades y frenar prácticas que, afirmaron, han dejado sin ingresos a cientos de familias.
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OC/CR
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