La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reglamenta la reforma al artículo 105 de la Constitución, limitando la posibilidad de impugnar modificaciones a la Carta Magna. Además, avaló ajustes a la Ley de Amparo que establecen restricciones en las sentencias con efectos generales.
Tras casi tres horas de discusión, las reformas fueron aprobadas con 19 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 9 votos en contra de legisladores del PAN, PRI y MC. La decisión generó un intenso debate entre las bancadas.
En cuanto a la modificación a la Ley de Amparo, se detalló que el objetivo es precisar que, en los juicios donde se declare la inconstitucionalidad de normas generales, las sentencias emitidas no tendrán efectos generales. Asimismo, se estableció que los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberán ser observados obligatoriamente por todas las autoridades jurisdiccionales del país. Se agregó también que el máximo tribunal solo podrá emitir declaratorias de inconstitucionalidad con al menos seis votos a favor de los ministros.
El legislador Emilio Suárez Licona (PRI) alertó sobre el impacto de estas reformas, afirmando que "buscan terminar con la posibilidad de que los ciudadanos se defiendan de errores o abusos del poder público". Argumentó que restringir el efecto general de los amparos afecta directamente la protección de los derechos ciudadanos.
Por su parte, Leonel Godoy (Morena) negó que la enmienda pusiera en riesgo el juicio de amparo, asegurando que "los artículos 14 y 16 de la Constitución, base fundamental de este recurso, permanecen intactos". En la misma línea, Ricardo Mejía Berdeja (PT) argumentó que la reforma busca frenar el "uso faccioso" del amparo, evitando que jueces lo otorguen de forma "frívola" para obstaculizar proyectos gubernamentales.
Respecto a la reforma del artículo 105 constitucional, se aclaró que su finalidad es consolidar la "supremacía constitucional", lo que significa que no podrá interponerse ningún recurso legal contra modificaciones a la Carta Magna. Esta medida, según sus promotores, pretende evitar el abuso de litigios para frenar cambios aprobados por el Congreso.
El diputado César Damián (PAN) advirtió que la eliminación de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad podría derivar en abusos del poder legislativo. "Una mayoría podría eliminar programas sociales o debilitar la división de poderes sin posibilidad de impugnación", alertó.
En defensa de la reforma, Mary Carmen Bernal (PT) argumentó que el Poder Judicial había sido utilizado como "instrumento de la oposición", impugnando cada reforma aprobada por el Congreso. Agregó que los amparos no habían servido para beneficiar a la población, sino para favorecer intereses económicos y políticos.
Finalmente, Hugo Éric Flores (Morena) sostuvo que las acciones de inconstitucionalidad se habían convertido en "un gran negocio" para algunos litigantes, quienes abusaban de suspensiones para frenar proyectos del gobierno. Según él, la reforma busca evitar este tipo de prácticas y fortalecer la certidumbre jurídica en las reformas constitucionales.
Imagen: Cuartoscuro