La modificación incorpora una definición legal para prevenir conductas que afecten su integridad física y emocional.
El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de incorporar el concepto de violencia contra este sector y fortalecer las acciones de prevención y protección. La iniciativa fue impulsada por la diputada Roxanna Hernández Ramírez.
La modificación al artículo 6° establece una definición clara de violencia contra niñas, niños y adolescentes, entendida como cualquier acción u omisión, abuso, trato negligente o abandono que cause daño o ponga en riesgo su vida, dignidad, libertad y desarrollo integral. La reforma busca atender no solo la integridad física, sino también los ámbitos psicológico, emocional y sexual.
De acuerdo con la legisladora, contar con una definición legal permitirá identificar de manera más precisa conductas que representen maltrato o vulneración de derechos. Esto contribuirá a prevenir situaciones de abuso físico, sexual o psicológico, así como casos de negligencia, explotación o abandono que afecten el bienestar de este grupo.
El dictamen señala que la violencia en la infancia y adolescencia puede tener consecuencias graves para la salud y el desarrollo, incluso provocar daños permanentes o, en casos extremos, la muerte. Además, se advierte que estos hechos pueden generar problemas físicos, emocionales y sociales a largo plazo, afectando el aprendizaje y el desarrollo cognitivo.
Las reformas también reconocen que la violencia puede manifestarse en diversos entornos, como el hogar, la escuela o la comunidad. Entre los tipos considerados se incluyen el maltrato por parte de adultos responsables, la violencia entre padres, agresiones físicas, violencia sexual, violencia en relaciones de noviazgo y situaciones vinculadas a conflictos entre grupos.
Asimismo, se destaca que estos actos pueden derivar en conductas de riesgo en etapas posteriores de la vida, como consumo de alcohol, uso de drogas o prácticas que comprometan la salud. Por ello, la reforma pretende fortalecer las acciones preventivas y mejorar la atención institucional.
Con esta aprobación, el Congreso del Estado busca consolidar un marco legal que permita detectar oportunamente la violencia, garantizar la protección de la niñez y promover entornos seguros que favorezcan su desarrollo integral.