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Arquidiócesis de México critica reforma para despenalizar el aborto y la califica de discriminatoria
Nación
La Arquidiócesis de México, a través de su publicación Desde la Fe, ha expresado su postura en contra de la reforma que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal de la Ciudad de México. En un artículo reciente, la iglesia calificó la propuesta como “innecesaria” y señaló que considera discriminatorio el enfoque hacia las mujeres embarazadas. También destacó la necesidad de un análisis cuidadoso y felicitó a los diputados que abrieron el debate a la opinión pública, sugiriendo que el tema no debe resolverse de forma apresurada.
El Congreso de la Ciudad de México decidió el pasado 7 de noviembre poner en pausa la discusión de esta reforma, para dar paso a un análisis más exhaustivo que permita tomar una decisión informada. La bancada de Morena mencionó que el objetivo es generar mayor consenso y brindar información más amplia para el debate.
La Arquidiócesis argumentó que en la discusión de esta reforma deberían participar expertos de las ciencias médicas, pues, según su postura, el aborto conlleva riesgos que podrían afectar la salud de las mujeres a largo plazo. Además, sostuvo que la iglesia también debería ser escuchada, debido a que la mayoría de los mexicanos profesan la fe cristiana y, en su visión, la iglesia ha estudiado las causas de esta práctica.
Es importante recordar que la Ciudad de México fue pionera en el país al despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación desde 2007. No obstante, fuera de este plazo, las mujeres enfrentan penas de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario, según el Artículo 145 del Código Penal local. Estas sanciones afectan en particular a mujeres de bajos recursos, quienes no siempre pueden acceder a servicios de salud seguros.
La reforma, además de eliminar el capítulo del Código Penal que penaliza el aborto después de las 12 semanas, también busca reducir la criminalización y estigmatización de mujeres en situación vulnerable que optan por interrumpir su embarazo fuera del plazo legal. Este cambio pretende que menos personas gestantes recurran a procedimientos inseguros y tengan acceso al derecho a la salud integral.
Desde el ámbito internacional, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas ha expresado que la capacidad de decidir sobre la propia maternidad no debe ser un privilegio limitado a mujeres con recursos. Según este grupo, tanto el acceso a la salud como la libre decisión sobre el propio cuerpo son derechos fundamentales que deben garantizarse para todas las mujeres, sin distinción de su situación económica.
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JM/CR
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