Corte: ilegal, pedir “no antecedentes penales”

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que exigir como requisito, para una actividad comercial o gubernamental, el no contar con antecedentes penales viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo primero de la Constitución.

Esta disposición se juzgó como discriminatoria en el caso de las personas físicas que cuentan con este tipo de antecedentes.

Los magistrados afirmaron que este requisito atenta contra la libertad de trabajo de las personas jurídicas o morales.

“Sin hacer distinción o excepción alguna, viola los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el Artículo Primero de la Constitución General, al ser discriminatorio contra las personas físicas que cuentan con ese tipo de antecedentes”, resolvieron los ministros.

El pleno de la SCJN sentenció que exigir dicho requisito, tratándose de personas jurídicas o morales, atenta contra su libertad de trabajo, comercio e industria, contenida en el artículo 5 de la Constitución General.

Ello, al invalidar las fracciones I, inciso d) bis y II, inciso d), del artículo 4 de la Ley que Regula a los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja California Sur, los cuales exigían ese requisito para obtener una licencia de agente profesional inmobiliario a personas jurídicas y físicas, respectivamente.

Por esas mismas razones, en otros expedientes el Tribunal Pleno invalidó el artículo 108, fracción VI, párrafo segundo, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, donde se establecía que para ser Director General del Organismo Descentralizado de Agua Potable era necesario no tener antecedentes penales.

Asimismo, el artículo 80 Tercero de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo que establecía el mismo requisito para formar parte del Comité de Contraloría Social de esa entidad.

Por último, el Pleno también reiteró que los Congresos locales carecen de competencia para establecer como requisito para acceder a cargos públicos el contar con nacionalidad mexicana “por nacimiento”.

Así, declaró la invalidez del artículo 20 Bis, fracción I, de la Ley Número 613 que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, donde se establecía como requisito para ser Coordinadora del Refugio Estatal para Mujeres en Situación de Violencia, el contar con la nacionalidad mexicana “por nacimiento”.