Daniela Méndez
El Presidente de la República ordenó recortar presupuesto a las políticas públicas que protegen los derechos humanos y su decisión tendrá consecuencias fatales, porque cercenar recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), implica dejar a la deriva a 34 mil 215 ciudadanos que forman parte del Registro Nacional de Víctimas en este país.
Así lo manifestaron las diputadas del Grupo Parlamentario del PRI, Anilú Ingram Vallines y Hortensia Noroña Quezada, al urgir a reconsiderar el ajuste presupuestal de 75 por ciento a las partidas de servicios generales y materiales y suministros del Gobierno federal.
La diputada federal, Anilú Ingram Vallines, anticipó que el presupuesto de Seguridad y Protección Ciudadana será el más afectado por el monto del recorte, 18 mil 7 millones de pesos, que representa menos 30 por ciento.
Por otra parte, la diputada por el estado de Jalisco, Hortensia Noroña Quezada, acusó que la “violencia presupuestal” es también violencia de género, “porque se cortan los sueños de muchas mujeres y sus hijas e hijos de vivir sin miedo, sin golpes y amenazas, se recortan sus planes de futuro, metas de vida, sus esperanzas.”
Hortensia Noroña, añadió “lamentó que quienes nos deberían de proveer protección institucional, no son capaces de ofrecer ni siquiera, credibilidad; son los mismos que negaron que la violencia intrafamiliar contra las mujeres escala y declararon que el 90% del total de las llamadas a la línea de auxilio del 911 en nuestro país, son falsas”.
Las legisladoras priistas, pidieron defender a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una institución nacional que tanto trabajo costó crear en el sexenio pasado y que hoy quieren destruir.
Por último, la Unidad de Género, tendrá que cerrar los programas de sensibilización y prevención de acoso y hostigamiento sexual y laboral.
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