Es inconstitucional la Ley Bonilla: SCJN 

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, con lo cual la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California será de dos y no de cinco años como habían reformado los diputados de aquella entidad.

Por unanimidad, la votación fue a favor del proyecto que echa por tierra que dicho gobernador pueda permanecer en su cargo por más años de los que fue electo.

Los ministros consideraron que era claramente violatorio al cambio a la Constitución estatal, a la supremacía constitucional, la voluntad del elector, y la vida democrática en el país.

Los ministros respaldaron por unanimidad el proyecto del ministro Fernando Franco, a quien felicitaron por el mismo, el cual buscó revertir la cuestionada “Ley Bonilla”, mismo que considera que viola los principios democráticos de la Constitución y de certeza electoral, seguridad jurídica y no reelección.

“La duración de los cargos de elección popular es una condición determinante del voto, no se limita a quién debe gobernar en qué cargo y por cuánto tiempo, no puede sostenerse que exista una elección de gobernantes sin el conocimiento certero”, detalló el ministro.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, señaló que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California constituyó un “gran fraude a la constitución y el sistema democrático”.

“Bajo la apariencia de que estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador electo por dos años, ejercería el cargo por cinco”, afirmó el ministro presidente.

Durante la discusión del proyecto fue desestimado el argumento de los legisladores de que la población de Baja California había votado con la información plena de que el mandato sería alargado por tres años más.

También señalaron que esta determinación violó la veda electoral, que impide realizar cambios a la ley electoral 90 días antes del inicio del proceso.