Extranjeros entre las decenas de condenados a muerte en el juicio por el "golpe de Estado" en la República Democrática del Congo

AFP

Tres estadounidenses se encontraban entre las 37 personas condenadas a muerte en la República Democrática del Congo el viernes por lo que el ejército describe como un intento de golpe de Estado.

El tribunal de Kinshasa permaneció en silencio mientras se leían los veredictos, con los acusados ​​vestidos con uniformes de prisión azules y amarillos y sentados en sillas de plástico, con rostros sombríos.

También se condenaron a muerte a un belga, un británico y un canadiense, todos ellos naturalizados congoleños.

"El tribunal pronuncia la sentencia más dura: la pena de muerte", dijo el presidente del tribunal, Freddy Ehume, al concluir el juicio a 51 personas que comenzó a principios de junio.

Los abogados de la defensa dijeron a la AFP que tenían la intención de apelar, calificándola de "decisión vergonzosa tomada de mala fe".

Varios grupos de derechos humanos también han dicho que los procedimientos judiciales no fueron transparentes.

El presunto intento de golpe se produjo en la madrugada del 19 de mayo, cuando varias decenas de hombres armados atacaron la casa del entonces ministro de Economía, Vital Kamerhe, quien ahora es presidente de la Asamblea Nacional.

Dos policías que lo custodiaban fueron asesinados.

Todos los condenados a muerte, menos uno, fueron declarados culpables de asociación delictiva, atentado y terrorismo.

Catorce acusados ​​fueron absueltos y la investigación demostró que "no tenían ninguna conexión" con los hechos, dijo el tribunal.

La audiencia comenzó a primera hora de la tarde bajo una carpa en un patio de la prisión militar de Ndolo, en Kinshasa, constató un periodista de la AFP.

El experto militar belga Jean-Jacques Wondo declaró a la AFP antes del juicio que esperaba ser absuelto y que estaba viviendo una "difícil experiencia".

Durante el supuesto intento de golpe, los hombres armados también acudieron a un edificio que alberga las oficinas del presidente Felix Tshisekedi blandiendo banderas de Zaire, el nombre del país bajo el gobierno del ex dictador Mobutu Sese Seko, derrocado en 1997.

Se escucharon disparos cerca del edificio, dijeron varias fuentes en ese momento.

Un portavoz del ejército anunció más tarde en la televisión nacional que las fuerzas de defensa y seguridad habían detenido "un intento de golpe de estado".

- 'Obligado a llevar un brazo' -

El supuesto complot fue dirigido por Christian Malanga, un congoleño "naturalizado estadounidense" que fue asesinado por las fuerzas de seguridad, dijo el portavoz del ejército, el general Sylvain Ekenge.

Los tres estadounidenses que están siendo juzgados incluyen al hijo de Malanga, Marcel Malanga.

Los otros dos estadounidenses que están siendo juzgados son Tyler Thompson, de 22 años, y Benjamin Zalman-Polun, de 36.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo el viernes que "el personal de la embajada ha estado asistiendo a los procedimientos y continuará siguiendo los acontecimientos".

El juicio comenzó el 7 de junio en la prisión militar de Ndolo, donde se encuentran detenidos todos los acusados.

Los procedimientos han arrojado poca luz sobre las motivaciones detrás de los hechos del 19 de mayo, de los que los acusados ​​culparon a Christian Malanga.

Thompson dijo al tribunal que lo habían "obligado" a participar, al igual que los otros dos ciudadanos estadounidenses.

"Me obligaron a llevar un brazo", dijo Thompson.

"Vine a la República Democrática del Congo para visitar a la familia de Marcel, a quien nunca había visto antes", añadió.

Malanga dijo que su padre "nos había dicho que nos mataría si no escuchábamos", y Zalman-Polun dijo que fue "secuestrado" y "obligado" a participar.

El mes pasado, el fiscal militar, teniente coronel Innocent Radjabu, instó a los jueces a condenar a muerte a todos los acusados ​​menos uno, quien, según un informe médico, sufre "trastornos psicológicos".

En marzo, el gobierno congoleño desafió las críticas de las organizaciones de derechos humanos y levantó una moratoria sobre la pena de muerte vigente desde 2003.

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