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García Luna impugnará veredicto y sentencia de 38 años de prisión
Nación
Comienza la lucha legal para revertir la condena de más de 38 años de prisión impuesta a Genaro García Luna. Los defensores del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón anunciaron este miércoles que apelarán la sentencia y el veredicto, tras ser declarado culpable en febrero del año pasado de tres cargos relacionados con conspiración para el tráfico de cocaína, uno por pertenencia a una organización criminal continua y otro por mentir a las autoridades estadounidenses, según el jurado en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Este es solo el primer paso en un extenso proceso de apelación.
La apelación fue presentada por César de Castro, quien lidera la defensa del exfuncionario mexicano, el más destacado en ser condenado en un tribunal estadounidense. García Luna también recibió una multa de dos millones de dólares por haber colaborado durante más de veinte años con el Cartel de Sinaloa. La pena fue impuesta por el juez Brian Cogan el 16 de octubre en la corte de Brooklyn, el mismo juez que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua en octubre de 2019 y que actualmente lleva el caso de Ismael El Mayo Zambada, ambos líderes del cartel.
Los abogados de García Luna tenían un plazo de 14 días a partir del 18 de octubre para notificar a la corte su intención de apelar. Desde este momento, la defensa dispone de tres meses para presentar un escrito donde argumente su desacuerdo con el veredicto y la sentencia. Posteriormente, las autoridades estadounidenses tendrán otros tres meses para presentar sus argumentos, y el equipo de De Castro contará con dos semanas más para responder a la Fiscalía. Una vez cumplidos estos pasos, la Corte de Apelaciones programará una audiencia para que ambas partes expongan sus argumentos orales. Un panel de tres jueces decidirá si se repone el juicio o si se mantiene el fallo actual. “Eso puede suceder tan pronto como tres semanas después de los argumentos orales o hasta un año más tarde”, señalaron fuentes cercanas al caso.
Después de un juicio de cinco semanas, llevado a cabo por 12 jurados anónimos de Nueva York, los abogados de García Luna solicitaron la repetición del juicio. Esta fue una de las razones que provocaron múltiples retrasos en la sentencia, que inicialmente estaba prevista para junio de 2023. La defensa alegó falta de pruebas materiales para anular el veredicto.
En medio de esta contienda legal, la Fiscalía acusó al exfuncionario de 56 años de ofrecer sobornos de entre 500,000 y dos millones de dólares a otros reclusos para que declararan a su favor, alegando que varios testigos clave del caso, narcotraficantes condenados que cooperaron con la justicia estadounidense, se habían coludido para perjudicarlo. Uno de los prisioneros que supuestamente recibió la oferta testificó en su contra. El juez Cogan consideró creíbles estas acusaciones, citando esto como uno de los principales motivos para rechazar la solicitud a principios de agosto.
“No voy a sentenciarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel”, declaró el juez antes de imponer una histórica sentencia de 460 meses de prisión, que toma en cuenta los casi cinco años que García Luna ha estado bajo custodia en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. “Estoy seguro de que tiene algo de dinero escondido”, argumentó Cogan al imponer la multa de dos millones de dólares. En la audiencia de hace dos semanas, García Luna se dirigió por primera vez al tribunal para solicitar clemencia, aunque ya había presentado un par de cartas defendiendo su inocencia y “honorabilidad”. “Yo no he cometido ninguno de estos delitos”, afirmó el exfuncionario, pero sus palabras no alteraron la decisión de Cogan.
Con el fallo de Cogan, el futuro de García Luna depende ahora de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. El equipo legal del exsecretario ha manifestado su intención de llevar la lucha hasta el final y, al menos públicamente, ha cerrado la puerta a una posible colaboración con las autoridades de EE. UU. Sin embargo, aún no hay nada definitivo. Este caso de gran notoriedad contra un funcionario mexicano sigue generando controversia en ambos lados de la frontera.
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RN/CR
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