Infancias y adolescencias: entre la violencia y la justicia penal

Columnas miércoles 21 de octubre de 2026 -

La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP, 2022) revela que, detrás de una parte muy significativa de las conductas delictivas cometidas durante la adolescencia, existen trayectorias atravesadas por la violencia, la fragilidad de los vínculos familiares y la ausencia de mecanismos oportunos de protección. Sus resultados obligan a interrogar la responsabilidad del Estado mucho antes de que una persona adolescente comparezca ante un juzgado.

De acuerdo con el INEGI, 48.5% de quienes se encontraban en el sistema de justicia penal para adolescentes creció con personas adultas que presentaban conductas antisociales o delictivas. Entre ese grupo, 31.8% convivió con adultos que habían estado en prisión y 19.2% con personas relacionadas con pandillas o delincuentes.

Los datos sobre las trayectorias familiares son igualmente reveladores. El 43.1% de las y los adolescentes en conflicto con la ley abandonó alguna vez su hogar y, entre quienes lo hicieron, 64.3% salió por primera vez entre los diez y los quince años. La tercera parte se fue a vivir con amistades; otra proporción semejante buscó refugio entre familiares distintos de aquellos con quienes residía. Para algunos, la calle constituyó el destino. La encuesta documenta también que 22.8% experimentó determinadas formas de violencia física en su hogar y 16.4% sufrió ofensas o humillaciones.

Estos antecedentes no determinan inevitablemente la comisión de delitos. Tampoco permiten establecer una relación causal directa entre desprotección y criminalidad. Sin embargo, muestran cómo la acumulación de vulnerabilidades puede erosionar los recursos familiares, escolares y comunitarios necesarios para construir proyectos de vida para la paz.

La gravedad de los delitos por los cuales se impusieron sanciones exige reconocer plenamente los derechos de las víctimas. El 23% de las personas sancionadas lo fue por violación; 19% por robo; 14.5% por homicidio intencional y 14.2% por portación ilegal de armas.

Pero existe otra dimensión especialmente delicada: el Estado, que debió proteger a estas personas durante su infancia, puede convertirse también en agente de su victimización. El 45.9% reportó violencia física durante su detención. Entre quienes la padecieron, 86.8% recibió golpes o patadas, 28.6% denunció mecanismos de asfixia y 19.1% descargas eléctricas.

Las implicaciones para la política pública son profundas. México necesita sistemas territoriales de protección capaces de detectar tempranamente la violencia familiar, atender las salidas del hogar, prevenir la captación de adolescentes por grupos criminales y asegurar continuidad educativa, atención psicológica y acompañamiento comunitario. Asimismo, requiere mecanismos independientes de investigación de abusos policiales y programas de reintegración social que reconstruyan vínculos y oportunidades.

La justicia especializada en poblaciones adolescentes debe reconocer las trayectorias de victimización sin desconocer la responsabilidad por los delitos cometidos. Comprender las circunstancias de una conducta no significa justificarla, pero sí actuar sobre las condiciones que favorecen su repetición.

Debe subrayarse que una sociedad que descubre a sus adolescentesparticularmente cuando aparecen en una carpeta de investigación ha llegado demasiado tarde. Y frente a ello, lo urgente es la construcción de un sistema de protección garantista que permita construir historias de vida de felicidad, bienestar y dignidad.

Investigador del PUED-UNAM