Insisten en que se analicen 114 restos hallados en Cocula 

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Aunque la hipótesis que más se fortaleció en la investigación de la pasada gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la desaparición de los 43 normalistas fue la del basurero de Cocula, el extitular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de ese organismo, José Larrieta Carrasco, señaló que es necesario analizar 114 restos óseos que fueron encontrados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, y que corresponden por lo menos a 21 personas.

“Todas las pruebas de las investigaciones indican que el destino de los muchachos fue el vertedero de Cocula. Sin embargo, para corroborarlo científicamente pedimos que se hiciera un análisis de 114 restos óseos”, dijo en entrevista con ContraRéplica.

A dos días de que se realice la marcha que mes con mes convocan los padres de los estudiantes, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, Larrieta señala que durante la pasada gestión de ese organismo, que dirigió Luis Raúl González Pérez, se presentaron 375 denuncias contra servidores públicos por el caso Iguala, tres de las cuales concluyeron en detenciones que se llevaron a cabo la semana pasada.

El exfuncionario se refiere a las detenciones de Ezequiel Peña Cerda, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Isidro Junco Barajas, quien se desempeñaba como subdirector de Control Operativo de Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, y del militar Ariel Agustín Castillo Reyes, acusados de participar en la tortura de Carlos Canto Salgado, uno de los implicados en el caso Iguala, quien salió de prisión en octubre pasado.

“En la propia recomendación que elaboramos en ese entonces hablamos de las denuncias que presentamos, que se refieren al después de los hechos de Iguala. Es decir, se refieren a los servidores públicos que no hicieron correctamente su trabajo, que no investigaron correctamente. Ahí es donde entran todas las irregularidades de la investigación que hizo en su momento la PGR (ahora Fiscalía General de la República), por violaciones a los derechos humanos, entre éstas tortura, actos crueles, cateos arbitrarios y detenciones ilegales”, precisó.

Larrieta Carrasco mencionó también que la CNDH presentó en su momento, una denuncia contra Tomás Zerón, extitular de la AIC.

“Nosotros sí denunciamos irregularidades en la investigación que realizó Tomás Zerón del Río San Juan, pero no por tortura. Y si actualmente existe una orden de aprehensión en su contra, es por la recomendación que realizamos”, dijo el exfuncionario federal.

Expresó que entre las denuncias que presentó ese organismo, no se encuentra el nombre del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aunque agregó que “esto no quiere decir que no pueda existir. Nosotros dejamos que la autoridad hiciera su propia investigación, además no existían pruebas para acusar al exprocurador”.

Consideró que la investigación elaborada por la Comisión, que tardó poco más de cinco años en realizarse, “es la mejor que ha habido, la más profunda y la que ninguna instancia hizo. Y resolvimos el caso desde la perspectiva de derechos humanos y dejamos las pautas marcadas para que la autoridad ministerial para que con sus facultades, cierre los círculos de las investigaciones”.