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Jueces y magistrados federales cesados protestan por pago de indemnizaciones pendientes
Nación
Un grupo de aproximadamente 50 jueces y magistrados federales cesados se manifestó este miércoles frente al Órgano de Administración Judicial (OAJ), ubicado en Avenida Revolución 1508, para exigir el pago de las indemnizaciones que, aseguran, les corresponden conforme a la reforma judicial.
De acuerdo con los voceros de los manifestantes, la mayoría de los juzgadores dejaron sus cargos de forma forzada desde el 1 de septiembre de 2025, pero hasta el momento no han recibido las liquidaciones establecidas en la propia legislación.
La exjueza Marlene Ángeles señaló que esta situación afecta gravemente las condiciones de vida de las familias de los juzgadores cesados, ya que además tienen prohibición de ejercer la abogacía en las entidades donde estaban adscritos, lo que limita sus fuentes de ingreso.
Según el artículo segundo transitorio de la reforma judicial, los jueces y magistrados cesados o quienes declinaron su candidatura “serán acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado”.
El exmagistrado Froylan Muñoz señaló que la falta de pago afecta a más de 800 juzgadores y advirtió que las protestas podrían escalar si no son atendidos ni se fija una fecha de pago. Como muestra de su inconformidad, los manifestantes cerraron por algunos minutos la Avenida Revolución frente al OAJ.
Previamente, Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ, informó que ya se mantiene diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar el pago de las indemnizaciones. No obstante, los exjuzgadores acusaron que a la fecha no se ha realizado ningún pago y anunciaron una nueva reunión para el miércoles 29 de octubre a las 11:30 horas.
"Solo nos dicen que están en pláticas, pero nosotros no vivimos del aire", señalaron frente al AOJ
El exjuez Faustino Gutiérrez Pérez enfatizó: “No estamos pidiendo algo que no esté previsto en la norma máxima del estado mexicano, pero el incumplimiento afecta gravemente a las familias de las personas juzgadoras”.
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CA/CR
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