El juez federal Brian E. Murphy, del distrito de Massachusetts, ordenó la comparecencia de funcionarios del gobierno de Estados Unidos en una audiencia de emergencia este miércoles. El motivo: responder por la supuesta deportación de migrantes a Sudán del Sur y a otros países, en posible violación de una orden judicial previa.
Murphy dictaminó el martes por la noche que la administración debe garantizar la custodia de quienes "actualmente están siendo removidos a Sudán del Sur o a cualquier otro tercer país, para asegurar la viabilidad práctica de su retorno", en caso de que las deportaciones sean consideradas ilegales.
De acuerdo con los abogados de los migrantes, el gobierno republicano habría comenzado a trasladar a personas originarias de Myanmar y Vietnam a territorio africano, a pesar de la existencia de una orden que impide dichos traslados sin antes otorgar una "oportunidad significativa" para impugnar el peligro de su reubicación.
Uno de los casos confirmados es el de un hombre de Myanmar, cuya deportación fue reportada por un funcionario migratorio en Texas. Según documentos judiciales, se le notificó solamente en inglés, idioma que no domina, y sus representantes legales se enteraron del traslado horas antes de que abordara el vuelo.
Asimismo, una mujer informó que su esposo, ciudadano vietnamita, junto a otros diez migrantes, fueron enviados a África el martes por la mañana, según detallaron abogados de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración.
Los abogados solicitaron al juez Murphy una orden de emergencia para frenar las deportaciones en curso. El juez, nombrado por el entonces presidente Joe Biden, ya había declarado previamente que los traslados a países como Libia sin el debido aviso "claramente" violaban sus decisiones judiciales, aún para personas sin apelaciones pendientes.
En su resolución más reciente, Murphy exigió al gobierno que identifique a los migrantes involucrados, detalle cómo y cuándo fueron informados de su traslado, y qué mecanismos tuvieron para presentar temores de persecución. También pidió conocer el paradero actual de quienes ya fueron deportados.
Por su parte, el gobierno de Donald Trump afirmó este miércoles haber deportado a ocho migrantes con antecedentes penales. En una rueda de prensa de apenas 12 minutos, las autoridades se negaron a revelar los países de destino, argumentando que las naciones de origen de los migrantes se negaron a recibirlos de vuelta.
Mientras tanto, el mayor general James Monday Enoka, portavoz de la policía de Sudán del Sur, declaró a The Associated Press que no se ha registrado la llegada de migrantes. Agregó que, de hacerlo, serían investigados y "deportados a su país correcto" si no son sudaneses del sur.
En ocasiones, la negativa de ciertos países a aceptar deportaciones desde EE.UU. ha llevado al gobierno a establecer acuerdos con terceros países, como Panamá. Casos anteriores muestran que ciudadanos venezolanos fueron enviados a una prisión en El Salvador, amparados en una ley del siglo XVIII, situación que actualmente enfrenta desafíos legales.
Sudán del Sur, que obtuvo su independencia en 2011, sigue sumido en una crisis humanitaria. Recientes advertencias de la ONU señalan el riesgo de un nuevo conflicto civil. Según Nicholas Haysom, jefe de la misión de paz de la ONU en el país, la situación actual es "oscuramente reminiscente de los conflictos de 2013 y 2016, que cobraron más de 400 mil vidas".
Un informe del Departamento de Estado de EE.UU., publicado en abril de 2024, destaca que los "problemas significativos de derechos humanos" en Sudán del Sur incluyen ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura y violencia de género.
Actualmente, algunos ciudadanos sudaneses del sur en EE.UU. cuentan con Estatus de Protección Temporal, otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional debido a las condiciones peligrosas en su país. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, amplió recientemente esa protección hasta noviembre, para permitir una revisión más detallada de cada caso.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países se deterioraron en abril tras una disputa relacionada con deportaciones, lo que llevó a la revocación de visas y restricciones de ingreso para ciudadanos sudaneses del sur. A pesar de ello, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales donantes de ayuda humanitaria en el país africano, con un apoyo superior a los 640 millones de dólares en 2024, según datos de su embajada en Yuba.