LOS MALOSOS AHORA SON LOS PATRONES

Columnas lunes 19 de octubre de 2026 -

Como cambian las cosas. Los criminales tolerados ahora son quienes marcan las pautas de comportamiento de la actividad privada honesta. Ellos son los que ordenan a la sociedad que, además, les paga sus “impuestos”.

El tema puede ser analizado a partir de la experiencia en Totolapan, Morelos el 12 de octubre del mes en curso que derivó en una “negociación” con un grupo criminal, la liberación de uno de sus líderes que fue detenido por las fuerzas públicas y el estrangulamiento intencional de las vías de comunicación entre varios municipios de la entidad, una de los estados más pequeños del país.

Morelos cuenta con 36 municipios, dos millones de habitantes en total, un aproximado de 1.6% de la población nacional en el 0.2% de nuestro territorio. Las estimaciones no oficiales aseguran que de esos 36 municipios al menos 11 de ellos son totalmente controlados por la criminalidad vía sus alianzas con el “sector público”.

Cierto o no, lo que sucedió en Totolapan, insisto , debe ser analizado con responsabilidad. Las versiones que corrieron como reguero de pólvora fue que se tomaron como rehenes a personal oficial con amago de quitarles la vida si no se liberaba a un sujeto conocido como “el GÜERO GYM”. En paralelo se estranguló parte importante del estado mediante bloqueos en las vías de comunicación. La población sostuvo que parte de la población en Totolapan había trabajado en favor de la liberación del hombre detenido.

Organizaciones de transporte privado, de “rutas de combis” fueron movilizadas para estrangular las vías de acceso a la comunidad donde se encontraba el detenido. Resulta que tanto rutas de combis como sitios de taxis e incluso motos habilitadas como transporte público fueron movilizados para impedir el acceso a determinadas rutas de acceso a Totolapan. Esas organizaciones han pagado su “derecho de piso”.

La orden fue dejar de dar servicio al público y concentrarse en bloquear las vías de comunicación. Unidades que no cumplieran con la instrucción serían “castigadas” posteriormente con la agresión hacia la unidad, el chofer o incluso en extremo, hasta con la población que estuviera en el interior del vehículo en el momento de ser sancionado.

Si usted se da cuenta pasamos de pago de una cuota que garantizaba la protección del ciudadano ante posibles agresiones de grupos de delincuencia organizada al pago de un impuesto determinado por los grupos de delincuencia organizada como licencia para poder operar en la normalidad. Ahora el pago no es suficiente: ahora también hay que seguir instrucciones de los criminales.

El pago de ese impuesto criminal es alto. Me asegura una persona cercana al ingenio CASASANO, en los linderos de Cuautla que ese centro productivo de transformación de la Caña de azúcar pagó recientemente 4 millones de pesos para no ser afectado por los grupos de delincuencia organizada.

Un grupo de taxistas anexos a un sitio que da servicio en la estación de camiones de Oaxtepec, afirman, ha pagado poco más de un millón de pesos por el “derecho de piso”. Lo que ha pasado usted lo puede imaginar.

Ir de Oaxtepec a la CDMX (110 kms.) cuesta 220 pesos en alguna de las tres líneas que ofrecen el servicio. De Oaxtepec a su domicilio, un trayecto de 6-7 kms. Puede hoy costarle a usted entre 120 y 140 pesos. Es decir: un tramo de 110 kilómetros que implica un viaje ligeramente superior a la hora y media cuesta 226 pesos y un tramo le puede representar a usted el uso de la unidad de 12 minutos le cuesta a usted la mitad.

Ya se ve quién paga el “DERECHO DE PISO”. En la población de Oaxtepec hay tres sitios de taxis. Cada uno paga su parte. Las líneas de combis pagan lo propio. Un aproximado de 12 mil pesos anuales por cada unidad. Estime líneas de entre 80 y hasta 100 unidades.

El “DERECHO” por cierto, es sensiblemente mayor al pago del ISR que pudieran pagar los propietarios de esas unidades en caso de encontrarse en la legalidad.