La energía un derecho humano

En 2014 el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, explicaba la importancia de la energía universal como un derecho que asegura la vida y la vivienda digna, pues los servicios de energía moderna son una pieza clave en las actividades que aseguran una buena calidad de vida, como lo son; la refrigeración de alimentos, el uso de aparatos electrodomésticos en la cocina, así como los aparatos que nos permiten estar interconectados en los entornos digitales.

El 1% de las viviendas del país no tienen acceso a la electricidad. Esta situación genera una desigualdad en las oportunidades de desarrollo, por una parte, un porcentaje significativo de la población no cuenta con las condiciones mínimas de dignidad en su vivienda, y por el otro, la interconectividad informática es cada vez más importante, aquellas personas que no cuentan con energía eléctrica, se ven irremediablemente marginadas.

El primer paso para asegurar una vivienda adecuada, que pueda contar con la disponibilidad de servicios indispensables para la salud, la seguridad, la nutrición, y la comodidad involucra de forma irremediable a la energía eléctrica.

La distribución equitativa de la energía eléctrica significaría una oportunidad para todas aquellas personas que han vivido en condiciones precarias.

La electricidad no debe verse como un bien mercantil, si no, como un derecho que nos corresponde a todas y a todos al ser un bien indispensable para la sociedad, conceptualizada como un servicio público y un derecho humano para el desarrollo del bienestar común.

Concientizarnos sobre la justa repartición de los recursos energéticos del país, nos impulsará a generar una igualdad de oportunidades encaminada al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las características fundamentales de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e Indivisibles, distinguiéndose por ser flexibles y estar en expansión constante. Por ello, los legisladores debemos generar un andamiaje jurídico que ponga en el centro de las políticas públicas a las personas para asegurar la dignidad y calidad de vida todas y todos.

La electricidad es un servicio público para las y los mexicanos que debe administrarse con un enfoque en el bienestar y la defensa de la soberania.

María Rosete

#porlosqueamamos