La sentencia y la corrupción

Columnas miércoles 22 de julio de 2026 -

La condena a cadena perpetua impuesta a Ismael “El Mayo” Zambada constituye el cierre judicial definitivo de la trayectoria de uno de los mayores narcotraficantes de la historia. Adicionalmente, la sentencia dictada el 20 de julio por el juez federal Brian Cogan, en Brooklyn, Nueva York, confirma también la existencia de una extensa estructura de corrupción sin la cual habría sido imposible construir y mantener durante casi cuatro décadas una organización criminal con presencia mundial.

Zambada se declaró culpable de encabezar una empresa criminal continua y de asociación delictuosa. Admitió haber traficado al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de enormes cantidades de heroína, metanfetaminas y fentanilo. La justicia estadounidense le impuso, asimismo, el decomiso de 15 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico. Pero la confesión más grave para México fue otra: haber pagado sobornos a policías, militares y funcionarios y políticos de hasta el más alto nivel para garantizar la protección y expansión del Cártel de Sinaloa.

Zambada, apodado como “El Mayo” era desde la década de los 80 un jefe criminal relevante y, hasta su captura en 2024, nunca había sido detenido ni había pisado una prisión. Ese dato habla tanto de su habilidad para ocultarse como del poder institucional que lo protegió. Ninguna organización trafica drogas durante casi cuarenta años, lava miles de millones de dólares, controla territorios y opera entre continentes solamente mediante la intimidación y las armas: necesita funcionarios que omitan, policías que informen, autoridades que autoricen y empresarios que conviertan el dinero ilícito en patrimonio aparentemente legal.

Por ello, la sentencia deja abiertas preguntas fundamentales: ¿a cuántos políticos del pasado y del presente corrompió Zambada? ¿Quiénes son? ¿Qué decisiones tomaron para protegerlo y qué instituciones pusieron a su servicio? La confesión debería abrir en México la mayor investigación política, financiera y judicial sobre las redes de protección del narcotráfico. Si esos nombres permanecen ocultos se preservará intacto el sistema que hizo posible su poder.

También resulta inquietante su advertencia de que “esta guerra no la ganará nadie”. La frase evoca el diagnóstico atribuido a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien después de su captura en 1989 habría anticipado que la fragmentación de las estructuras criminales provocaría una violencia todavía mayor. La historia le dio la razón: las capturas alteraron las jerarquías, pero no redujeron los mercados ni desmantelaron sus vínculos políticos y económicos.

Lo anterior no puede desligarse del contexto general de la nueva doctrina anti crimende los EEUU, marco en el que se suma la reciente designación estadounidense del “Cártel de Juárez” y “Los Viagras” como organizaciones terroristas extranjeras, además de las advertencias de la DEA contra funcionarios vinculados con los cárteles.

Estamos, pues, ante una transición del mercado criminal global. En esa lógica, la sentencia contra Zambada advierte sobre el comienzo de una nueva época en la que la disputa decisiva no se orienta solo contra los capos, sino contra las redes políticas, financieras y empresariales que convierten al crimen organizado en una forma clandestina de gobierno.

Investigador del PUED-UNAM