Liberan 59 reos en edomex, pendientes 7 mil 735 casos más

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Mientras el PAN rechazó la liberación de personas privadas de la libertad en cárceles de México, el PRD aprobó la medida ante la pandemia por el coronavirus Covid-19.

“Ésta era una medida humanitaria y de salud necesaria, ya que de acuerdo con datos del Inegi el 46% de las personas privadas de la libertad comparten celda con más de cinco personas y en algunos lugares la cifra es mucho mayor, lo que los convertía en potenciales víctimas de contagio de Covid-19. Gracias a ello, de acuerdo con datos de asociaciones civiles, se podría reducir la sobrepoblación en hasta un 40%”, dijo la Diputada Federal del PRD, Claudia Reyes.

Esta medida ha sido tomada ante el hacinamiento en penales, y la falta de servicios sanitarios, lo que ha generado que hasta ahora 23 internos del Centro Penitenciario de Cuautitlán estén contagiados. Allí el enfermo con coronavirus cero, el primero en detectarse, fue un custodio.

La legisladora recordó que en días pasados solicitó al Gobierno del Estado de México que atendiera el llamado de asociaciones civiles que pedían que aquellas personas privadas de su libertad (PPL) que cumplieran los requisitos pudieran obtener medidas de preliberación y libertad, esto con el fin de evitar la propagación del Covid-19 en los penales de la entidad, sobre todo porque se habían reportado algunos casos en dichos lugares, como ocurrió en el Penal de Cuautitlán, en donde la falta de información llevó a peleas de los internos con las fuerzas de seguridad.

“Es importante señalar que esta acción no fue una concesión de ningún gobierno, ni debe ser utilizada como propaganda política, sino que obedeció a derecho y fue un justo reclamo de la sociedad civil, de la cual es un triunfo, y por eso ningún gobernante debe asumirla como propia”, mencionó Reyes.

También informó que por acuerdo entre el Poder Judicial del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México se aplicarán en la entidad medidas de liberación y preliberación para personas que cumplan con los requisitos de la ley, que se encontraban cumpliendo sentencias por delitos no graves o bien, para aquellas que estaban en mayor situación de vulnerabilidad, como es el caso personas de edad avanzada, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad delicada.

“Ahora espero que la revisión por parte de las autoridades de los más de 5,500 casos que están pendientes para acceder a este beneficio se dé con prontitud y de acuerdo a derecho, sin que esto signifique vulnerar sus derechos fundamentales y su salud”, puntualizó la diputada.

En tanto en la Ciudad de México se analiza 800 casos de internos vulnerables, para que el Poder Judicial local decida si los libera o no, se trata de personas de la tercera edad que llevan varios años purgando sentencia, embarazadas y otras con problemas de salud que los hace ser vulnerables.