Línea 13 - 23 julio 2021

Ante la solicitud realizada por el PAN de utilizar las 12,354 bocinas del C5 instaladas en toda la ciudad para invitar periódicamente y a ciertas horas del día por medio de un mensaje de voz a la población a no salir de casa, la diputada de Morena, Maricela Zuñiga consideró que esta medida podría generar un incremento en trastornos como el estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad que han acompañado al aislamiento obligatorio por el Covid-19. Además, señaló que el Gobierno de la Ciudad enfrenta la situación con una estrategia adecuada, basada en conocimiento científico.

Nos dicen que la iniciativa enviada al Congreso de la Ciudad para ejercer el presupuesto participativo de 2020 y 2021 en 2022, tiene la intención de proteger esos recursos, en caso de que las alcaldías no alcancen a ejercerlos, y no se tengan que regresar a la Secretaría de Finanzas al ser catalogados como subejercicio; con ello, ese dinero podrá ser destinado a acciones prioritarias determinadas por cada titular y los proyectos que tengan algún impedimento jurídico para su ejecución se puedan postergar en el siguiente ejercicio presupuestal.

De acuerdo a algunas fuentes, por el momento la diputada sin partido, Alessandra Rojo de la Vega no está pensando en incorporarse a otro instituto político y su labor se centrará en darle voz a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en temas que han sido su causa, como la eliminación de la violencia contra las mujeres y el cuidado del medio ambiente. Por cierto, en corto y en público, la legisladora ha señalado que espera una sanción ejemplar al caso de los influencers que fueron la gota que derramó el vaso y detonara su salida del partido del tucán.

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la CDMX aprobó una iniciativa que modifica el artículo 508 de su reglamento, para diseñar e implementar un mecanismo de prevención y atención del hostigamiento, acoso sexual y de cualquier otra forma de violencia y discriminación, con el fin de eliminar dichas prácticas al interior de este poder legislativo. El dictamen estima como imprescindible que las relaciones laborales que se desarrollan dentro del Congreso, se encuentren basadas en el máximo respeto a los derechos humanos.