México es un país de alto riesgo para los periodistas

Por Claudia Bolaños

y María Cabadas

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio del periodismo. La organización Reporteros Sin Fronteras colocó al país en el sitio 144 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019.

Comunicadores que hacen critica a cualquier nivel de gobierno, sobre todo los que exhiben corrupción, así como nexos de las autoridades con la delincuencia organizada o desvíos de recursos destinados para obras públicas son los mayormente agredidos; principalmente se han dado casos en Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca y Ciudad de México.

El locutor de radio, Fidel Ávila Gómez, fue el primer comunicador asesinado en 2020, el crimen ocurrió en Michoacán el pasado 9 de enero, su cuerpo fue encontrado con heridas de bala en el interior de su vehículo.

Pedro Cárdenas, investigador de Documentación y Seguimiento de Casos de Artículo 19 de la oficina para México y Centroamérica, informó que la mayoría de los 132 asesinatos de periodistas del año 2000 a la fecha en el país, están vinculados con las críticas principalmente contra gobernadores y autoridades municipales

Paula Mónaco Felipe, argentina que radica en México, y quien fue sobreviviente de un ataque en noviembre de 2018 en Tijuana, indicó que muchas de las víctimas trabajaban temas que exhibían el mal trabajo de autoridades, sobre todo de provincia, de medios pequeños, que reportan temas policiales, pero también ciudadanos, de desvíos de fondos para banquetas y hasta baches, pero en general informan de la mala acción de autoridades locales.

“El periodismo se ha convertido en una profesión de mucho riesgo, reportar que el municipio no arregla baches o que surgió un grupo de autodefensa en un municipio, puede costarte la vida porque los gobiernos locales se saben impunes y actúan”, dijo.

Datos de Artículo 19 indican que 99 por ciento de estos crímenes siguen ser resueltos, pues no se ha identificado al perpetrador o las investigaciones no han concluido y/o no hay sentencias, y de los 132 casos registrados, 47 de ellos en la administración de Enrique Peña Nieto, y 12 en la actual, siempre se va detrás del autor material, pero no del autor intelectual, indicó Pedro Cárdenas.

De igual manera, en entrevista con ContraRéplica, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, abundó que, en las indagatorias de los casos, hay resistencias a vincularlas con el quehacer periodístico de la víctima.

“Se abre la línea de investigación, pero relacionada al narcotráfico o problemas personales o con temas de género, con el tema de mujeres, que tiene que ver con relaciones familiares o de pareja.

“Con el tiempo simplemente se van perdiendo la información y evidencias, y mientras más pasa el tiempo, más difícil es esclarecer los casos. Es un círculo vicioso”, dijo,

A pesar del compromiso del actual gobierno, y de las reuniones que han sostenido con el gobierno de la 4T, no hay avances y las agresiones no sólo se mantienen, sino que por el contrario ven con preocupación el aumento de estigmatización en contra de los periodistas, no sólo por el propio presidente, sino por otras autoridades que se han ido sumando, como gobernadores, ediles e incluso mandos policiales de Sinaloa, Chihuahua y Veracruz.

ALIENTAN AGRESIONES

La tendencia de la violencia física, psicológica contra periodistas seguirá aumentando durante este sexenio, alentado principalmente por el discurso oficial que estigmatiza a los comunicadores, dijo Leopoldo Maldonado, subdirector del organismo civil Artículo 19.

“Hay un panorama bastante complicado porque la violencia contra periodistas sigue al alza. “Evidentemente, ésta no inició con este sexenio; sin embargo, el registro sigue aumentando. Por otro lado, vemos con preocupación el discurso oficial que abiertamente busca confrontar y estigmatizar a periodistas que son críticos con este Gobierno”, señaló Maldonado en entrevista con ContraRéplica.

“La impunidad se ha convertido en la regla en las investigaciones de agresiones a periodistas, lo que se refleja que, de los mil 140 casos abiertos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, sólo 0.87 por ciento arribó a una sentencia”, precisó.