Nuevo Poder Judicial: No entender que no entendemos

Columnas jueves 10 de julio de 2025 -

En su seminal El Espíritu de las Leyes, Montesquieu creó dos paradigmas político-constitucionales relevantes. En el primero, consideraba al modelo de división de poderes como “la constitución de la libertad política”. En el segundo, consideraba a las juezas y jueces como “la boca inanimada de la ley”.

El tiempo y la evolución política han ido modificando éste. Hoy jueces y juezas, sobre todo los constitucionales, interpretan la ley y la constitución desde una posición privilegiada por estar en un cruce particular de coordenadas políticas.

Hay una dimensión horizontal que une a las cortes con los otros poderes del Estado y hay una dimensión vertical que las une con la sociedad, con la ciudadanía. En ésta las cortes ejercen un control racional que modera el ejercicio del poder político mediante el llamado método de pesos y contra presos. En la vertical, protegen derechos y garantías de la ciudadanía, pero también la obliga a cumplir sus deberes y obligaciones.

Como lo explica Ríos Figueroa, esta posición de privilegio ubica la función judicial como fundamental en las democracias constitucionales modernas. Al esclarecer constantemente el sentido y los alcances de las constituciones, acercan al régimen hacia una línea evolutiva que le permite un desarrollo político equilibrado, racional, progresivo, que refuerza la paz social y la gobernabilidad democrática. Sin embargo, dice, el buen desempeño de los poderes judiciales depende de tres factores básicos: el acceso general, amplio y transparente a la justicia; las facultades o poderes de revisión e interpretación, sobre todo de la constitución; y la independencia, que les permite emitir resoluciones objetivas e imparciales y, por lo tanto, creíbles y aceptables.

Cuando la independencia rige los trabajos y empeños de los poderes judiciales, contribuyen de manera decisiva a la edificación correcta y a la sofisticación de las democracias; sin ella, jueces y juezas tienden a operar como delegados o comisionados de quien los controla, designa o elige.

En realidad, estamos ante una reflexión moderna sobre el control del poder. Sobre ella Diego Valadés nos recuerda que en democracia hay tres grandes batallas que da la sociedad: la lucha por el poder, la lucha contra el poder y la lucha en el poder. La primera discurre por la normativa y la institucionalidad electoral; la segunda reside en la defensa y promoción de los derechos humanos y sus garantías; y la tercera se expresa en la organicidad y funcionamiento correcto, oportuno, suficiente y articulado de las instituciones del Estado.

La lección definitiva es esta, también del sinaloense: en un sistema constitucional democrático el poder debe ser regulado, accesible, predecible, eficaz y estar distribuido, limitado y claro, controlado. Y en esa lucha, en esa aspiración, el poder judicial es indispensable. Quien no entienda eso, no entiende nada. O peor, no entiende que no entiende.

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