Por Claudia Bolaños
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) entregaron un documento con argumentos, Amicus Curiae, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a favor de desaparecer la prisión preventiva oficiosa.
Además, mujeres que han sido liberadas de la cárcel de Santa Martha Acatitla, en la capital del país, gracias a la intervención del Máximo Tribunal del país, en específico de su presidente Arturo Zaldívar, también expresaron su apoyo a que esta figura desaparezca.
Asociaciones que realizan trabajo a favor de personas que han sido encarceladas: La Cana MX, Reinserta, Reintegra, Poliana, Viral, Caracola, La Bola, Ocupa y otras, entregaron el documento "Prisión preventiva oficiosa, "Violación a Derechos Humanos" con una perspectiva de género interseccional, en el marco del inicio de la discusión de la Suprema Corte sobre el tema.
Y el pasado 28 de agosto, junto con otras asociaciones civiles, las organizaciones mencionadas también manifestaron y celebraron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analie la prisión preventiva oficiosa, en el caso de Daniel García y Reyes Alvizar, para que México aplique los estándares internacionales.
Han solicitado también que la SCJN tome su decisión de manera independiente, con base a los estándares internacionales de derechos humanos, y exhortaron a que el Ejecutivo Federal y los gobiernos de la Ciudad de México y los estados, no interfieran en la independencia judicial con la decisión de los ministros, y que no confundan a la sociedad.
Por el contrario, deben fortalecer su política criminal, de investigación, las capacidades de las policías no militarizadas, fiscalías, asesorías, defensorías, tribunales y el sistema de justicia penal en su integralidad, y a sus Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares.
Consideran que la prisión preventiva oficiosa automática es una pena anticipada, lo cual es contraria a los estándares internacionales y el 59% del total de la población penitenciaría se encuentra en prisión preventiva incluso más del tiempo constitucionalmente permitido.
El abuso de esta medida genera daños sociales y económicos y afecta más a las personas con mayor vulnerabilidad, como son las mujeres, personas de escasos recursos, con discapacidad, indígenas, campesinos, migrantes y la comunidad LGBTTTIQ+, y facilita la tortura.
Sostuvieron que las medidas cautelares en libertad son efectivas cuando se utilizan de manera correcta con supervisión.
Y en un video cuatro de las mujeres beneficiadas por la SCJN, y quienes pasaron desde 1 a 14 años, de manera injusta, tras las rejas subieron un video en el que envían un mensaje al pleno de la suprema corte.
"Ministros y ministras de la Suprema Corte escuchen a las mujeres privadas de su libertad, la prisión preventiva oficiosa no es justicia", dijeron.
Resalta que el ministro presidente ha mencionado que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa "contravienen la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos y por ello, son inconstitucionales, así lo he sostenido siempre, tratándose de derechos humanos".