El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó al Ejecutivo Federal y al Legislativo garantizar los recursos necesarios para cumplir con los objetivos del extinto Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
Esto debido a un amparo, promovido por la organización Aprender Primero (brazo jurídico de Mexicanos Primero), para que se garanticen como mínimo 12 mil 380 millones de pesos y con ello se logren las metas de las Escuelas de Tiempo Completo.
En un comunicado, la organización explicó que hace un año, los legisladores decidieron apoyar la eliminación del PETC por completo.
“Este año no hay excusa: se deben garantizar los recursos para tener escuelas de tiempo completo que cumplan con todos los objetivos que se prevén en el PETC. Les corresponde ahora a los legisladores cumplir con esta orden judicial mediante la aprobación de un presupuesto que contemple las escuelas de tiempo completo y los recursos necesarios para garantizar que contribuyan al derecho a aprender de niñas y niños”, señaló.
Aprender Primero presentó en marzo de este año un amparo en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 (PEF 2021).
En el recurso explicó que la eliminación del PETC y el traslado de sus objetivos al programa LEEN atentan contra el derecho a aprender de 3.6 millones de niñas y niños beneficiarios del programa.
También –agregó– viola el principio de progresividad, el cual implica que, una vez alcanzado cierto nivel en el goce y ejercicio de algún derecho humano, las autoridades no pueden arbitrariamente tomar decisiones que lo hagan retroceder.
Señaló que el PEF 2021 contempló menor cobertura presupuestal para LEEN, a pesar que tenía que cumplir con los objetivos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
De acuerdo con la organización, el derecho a la educación de niñas y niños se ve afectado por que no se dan garantías de que en las escuelas se seguirán ofreciendo las jornadas escolares ampliadas ni el servicio de alimentación.
El juez también ordenó a las autoridades hacer lo necesario para que el programa La Escuela es Nuestra sea fiscalizado correctamente, por ejemplo, con la emisión de Reglas de Operación y no sólo Lineamientos, para que se garantice “la transparencia y objetividad del manejo de los recursos públicos”.
Foto Cuartoscuro.