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Organización pro mujer interpondrá amparo contra nueva Ley por criminalizar sexo servicio
Organización pro mujer interpondrá amparo contra nueva Ley por criminalizar sexo servicio

Ciudades martes 21 de mayo de 2019 - 18:08




La organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elizabeth Martínez A.C. interpondrá un amparo colectivo contra la nueva Ley de Cultura Cívica que aprobó el Congreso de la Ciudad de México el 16 de mayo pasado.

El artículo 27 fracción VII de la nueva ley de Cultura Cívica establece que el sexo servicio puede ser infraccionado por queja vecinal o por algún funcionario de la alcaldía y tendrá una multa que va de 830 a tres mil 019 pesos o arresto de 13 a 24 horas o de seis a 12 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elizabeth Martínez A.C, consideró que la bancada de Morena pasó por alto el derecho al trabajo de las sexoservidoras, mientras que Jaime Montejo, integrante de la organización, aseguró que esta nueva ley es un retroceso a las libertades que se han ganado en la Ciudad de México.

En tanto, defensores de derechos humanos y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Copred) condenaron la criminalización del trabajo sexual.
“El trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución y no puede ser calificado desde un punto de vista moral”, explicó el Copred.

Dijeron que el texto de la nueva Ley de Cultura Cívica tiene una descripción ambigua que se presta a interpretaciones y criterios del que denuncia y de quien atiende la denuncia.


Pese a que uno de los objetivos de esta ley es el respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas, la ambigüedades en su interpretación podrían resultar contraproducentes en el ejercicio de los derechos y las libertades, porque podría ser utilizado para criminalizar, estigmatizar, revictimizar y extorsionar a las personas LGBT, así como a trabajadores y trabajadoras sexuales, según han denunciado los activistas defensores de los derechos humanos.


Además, señalaron, esto se contrapone a la Constitución capitalina, donde establece que la Ciudad adoptará las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria.

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AP/CR

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